​En los últimos años se han multiplicado los esfuerzos para impulsar la cooperación internacional en materia de seguridad en América Latina. Sin embargo, el escenario de la cooperación—entre los mismos países de la región y la comunidad internacional—aún no está a la altura de este reto en la región más insegura del mundo, según el Informe de Desarrollo Humano (IDH) para América Latina del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que tuvo hoy su lanzamiento en Madrid cuya realización ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Cooperación Española

El IDH “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” señala que la inseguridad real y percibida a la que se enfrenta la región demanda una cooperación internacional eficiente y comprometida con la construcción conjunta de la seguridad ciudadana, con objetivos alineados, mejores mecanismos de evaluación y esquemas innovadores que fortalezcan las capacidades locales, de gobiernos y de actores no estatales.

“En la medida en que los países de la región adopten una visión común sobre la seguridad ciudadana como reto compartido e inaplazable y que requiere una estrategia de solución integral, se facilitará la efectividad de la cooperación,” dijo el Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Es fundamental profundizar el nuevo papel de América Latina como protagonista de la cooperación Sur-Sur en seguridad,” agregó Muñoz en el lanzamiento, al proponer la creación de un Foro Regional de Seguridad Ciudadana donde los principales tomadores de decisión y actores no estatales puedan dialogar acerca de los retos y las lecciones de política pública.

“La importancia de este estudio es capital. Es un instrumento clave para determinar vasos comunicantes en un continente con estructuras de seguridad muy variadas no sólo entre países, sino también dentro de los propios países.
Es un informe orientado a la toma de decisiones. Debemos darle seguimiento y volverlo activo”, dijo el ex Presidente de Guatemala Álvaro Colom, quien participó del lanzamiento junto al Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España, Gonzalo Robles, y la ex Ministra de Asuntos Exteriores de España y miembro del Consejo de Estado, Ana Palacio, tres de las más de 20 autoridades que integraron el consejo ejecutivo del informe.

VISIÓN COMÚN - Una de las principales lecciones de la región es que la política conocida como "mano dura" de fuerte represión policial y penal no funciona y a menudo ha coincidido con altos niveles de criminalidad, dice el IDH. Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que enfatice la prevención, incorpore la participación ciudadana y proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana.

Sin embargo, el informe señala que pese a la falta de una visión común para abordar el desafío de la seguridad ciudadana, la cooperación en esa materia ha comenzado a dejar atrás—aunque sin abandonarlas del todo— las visiones tradicionales del problema. La nueva perspectiva incorpora más la visión del desarrollo humano, con políticas sociales preventivas que complementen las medidas de control, y el fortalecimiento de las instituciones locales y nacionales.

El informe analiza el ejemplo de la cooperación latinoamericana en materia de lavado de dinero y resalta que todavía está en una etapa inicial, con “objetivos políticos difusos y capacidad de gobiernos nacionales y locales limitada.” El énfasis está en la captura de embarques de drogas y así, por ejemplo, mientras Argentina registró casi 7.000 arrestos por tráfico de drogas y Chile más de 14.700 entre 2006 y el 2011, en el mismo periodo solo hubo una condena por lavado de activos en Argentina y tres en Chile. Entre los seis países analizados, El Salvador registró el mayor número de condenas por lavado de activos (ocho), en comparación a más de mil arrestos o por tráfico de droga.

El IDH resalta que la cooperación entre países de la región (cooperación Sur-Sur) ha adquirido un papel creciente. Por ejemplo, Panamá y El Salvador han desarrollado e intercambiado experiencias para mejorar la gestión de información y de sistema de justicia. También Chile cuenta con un programa de cooperación internacional de policías que ofrece capacitación a policías en 25 países. Y Brasil ha desarrollado una iniciativa de defensa y seguridad fronteriza (Plan Agatha) con el objetivo de combatir la delincuencia, el tráfico de drogas y el contrabando en general, entre otros ejemplos mencionados en el informe.

“La inseguridad y la violencia constituyen serios obstáculos que pueden terminar asfixiando el desarrollo humano en esta región, considerada como la más insegura del mundo. Las poblaciones de estos países señalan la seguridad como un problema prioritario y demandan a sus gobiernos la puesta en marcha de políticas para responder a un fenómeno que afecta a la vida cotidiana de la gente y a sus posibilidades de desarrollo”, dijo Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España, sobre el informe elaborado con el apoyo de la Cooperación Española.

Además, destacó la participación de España en los objetivos de cooperación en la zona a través del Fondo Fiduciario España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe” que la alianza estratégica entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Dirección Regional para América Latina del PNUD mantiene desde marzo de 2007 con una dotación total hasta la fecha de 73 millones de dólares, que han financiado 122 proyectos nacionales y 37 iniciativas regionales. De ellos, 9,2 millones de dólares se han dedicado a proyectos en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

El abordaje de la seguridad ciudadana ha sido uno de los temas más importantes de la cooperación de España con el PNUD, con la elaboración de este IDH regional 2013-2014 sobre seguridad ciudadana y el IDH de seguridad de Centroamérica. Además, entre otras iniciativas, el gobierno de España apoya la estrategia de seguridad del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) siendo uno de los resultados la armonización de la legislación para el control de armas ligeras en Centroamérica. La cooperación tiene énfasis especial en los componentes de prevención de la violencia con jóvenes y del uso de armas de fuego.
“Un estado de derecho fuerte es la única garantía para proteger a los más débiles”, comentó Ana Palacio en su intervención “Hoy en día la seguridad física y jurídica van de la mano. Necesitamos estados de derecho fuertes, y ese es el reto pendiente de América Latina”, añadió.

MAPA DE LA INSEGURIDAD – Mientras que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de homicidio aumentó.

La encuesta de cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó el hogar familiar antes de los 15 años (en Chile, uno de cada dos), y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos encuestados no completó 12 años de escolaridad.

COSTOS DE LA INSEGURIDAD – El informe resalta que la inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: a la persona, a la cohesión social y a las instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la región: sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia potencial de más de US$24 mil millones de dólares en el 2009.

Asimismo, un estudio del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el informe analizó los costos de la delincuencia y los niveles de victimización en cinco países y reveló que Honduras experimenta los más altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010 (10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%, lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215 millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa Rica (2.52%, 915 millones de dólares).

RECOMENDACIONES – Además de fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional, el IDH regional subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y demandas específicas de los jóvenes y las mujeres. El estudio ofrece otras recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de la región: 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; 3. Prevenir la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; 4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia con apego a los derechos humanos; 5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; 6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes; 7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas y 9. Regular y reducir los disparadores del delito, tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública.

“No hay una solución mágica para el problema, pero la inseguridad ciudadana sí tiene remedio. Requiere visión y voluntad política de largo plazo, para arribar en cada país a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre gobiernos, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad se transforme en una política de Estado,” agregó Heraldo Muñoz.

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