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El pasado 27 de septiembre el Grupo de Trabajo de la Cooperación Española para la Igualdad en Perú, que agrupa a más de 40 actores estatales y no estatales, se reunió de manera virtual para compartir diversas experiencias de trabajo en el fortalecimiento de las Instancias de Concertación (II.CC.). Estos instrumentos son clave para el monitoreo del sistema de políticas públicas que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de una manera coordinada entre sectores y niveles territoriales del Estado.

Aunque Perú cuenta con instrumentos jurídicos como leyes y políticas públicas solventes para enfrentar la violencia, esta sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas. Las dramáticas cifras muestran la brecha existente entre el reconocimiento del derecho a vivir una vida libre de violencia, y las dificultades que las mujeres encuentran en su día a día para hacer este derecho efectivo. 

En pandemia se dispararon las llamadas a la línea 100 solicitando apoyo para hacer frente a las situaciones de violencia generadas por el confinamiento obligatorio. Un ejemplo de lo normalizada que está la violencia es que 9 de cada 10 mujeres dicen haber sufrido acoso sexual en espacios públicos de Lima y Callao, y el 58,9 % de la población de Perú tolera o justifica la violencia contra las mujeres y niñas como forma de “disciplina” o castigo social. 

Para la Cooperación Española (CE), el trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres constituye un objetivo prioritario en Perú. Los proyectos buscan abordar las problemáticas que viven la diversidad de mujeres rurales y urbano-populares en situaciones de pobreza o pobreza extrema en la costa, sierra y selva del país. Tan solo entre 2019 y 2021, España ha financiado 60 proyectos alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS5) de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, priorizando las líneas de trabajo enfocadas en hacer frente a la violencia de género.

Gran parte de estos proyectos se han centrado en fortalecer las II.CC. que, con presencia a nivel regional, provincial y distrital, buscan promover un trabajo articulado y complementario entre instituciones como las autoridades regionales, la policía, el Ministerio Público y organizaciones sociales. Actores que, lamentablemente, no siempre trabajan de la mano, generando largos y desgastantes procesos para las mujeres que deciden denunciar los hechos de maltratado vividos.

En zonas rurales o lugares donde la institucionalidad estatal es débil, estas instancias son prácticamente el único espacio que organizaciones de mujeres de base tienen para poder incidir hacia autoridades locales. “Desde que el Estado peruano reconociera su necesidad de conformación hemos visto cómo su número ha ido creciendo, aunque todavía enfrenta un gran reto en el desarrollo distrital, donde aún es incipiente”, según explican desde la Defensoría del Pueblo.

Invertir en los movimientos de mujeres

Pero ¿pueden realmente estos espacios contribuir a generar mejores sistemas de prevención, atención y protección para mujeres y niñas en los territorios? La lectura de las organizaciones e instituciones participantes es el evento es dispar. Como dice Dina Portal, de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, “las II.CC. son piezas clave del engranaje en el diálogo con el Estado, la rendición de cuentas y la detección de nudos en el funcionamiento de servicios que permitan su mejora”. La lectura de organizaciones de la sociedad civil es que las II.CC. se han perdido en el cumplimiento de formalismos. “Las instancias sesionan, tienen reglamento y en el mejor de los casos un plan de trabajo, pero ¿cuáles son las acciones concretas realizadas que revierten en la mejora de la vida de las mujeres?”, plantea Carmen de la Vega de Alternativa.

Paralelamente, gran parte de los esfuerzos de ONGD feministas y de desarrollo se han centrado en fortalecer redes de mujeres, conscientes de que allí donde la institucionalidad es débil la gente organizada es la mejor garantía para la protección y defensa de sus derechos de poblaciones vulnerables.