El derecho humano al agua ha sido uno de los pilares de las luchas sociales en Bolivia en las últimas décadas. La Constitución reconoce desde hace unos años la disponibilidad de agua como un "derecho fundamentalísimo para la vida", lo que implica tener acceso del agua para consumo humano, para la producción de alimentos y para la sostenibilidad de los ecosistemas.

En lo que respecta a la operatividad de ese derecho, la Agenda Patriótica 2025 plantea lineamientos en los que se recoge la necesidad de "socializar  y  universalizar  los  servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien". En el 2015 esta Agenda, fue elevada a rango de Ley N°. 650,  de cumplimiento obligatorio.

Tras varios años de análisis y el apoyo de la Cooperación Española, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia han querido liderar una publicación que analice el avance preciso de esos derechos, entendiendo que no se debe tener en cuenta, solamente, un enfoque de infraestructura, sino otros aspectos como la sostenibilidad y calidad para toda la población.

En el documento, se valoran tres dimensiones de avance:

• Las directrices marcadas por la política, la normativa y la regulación, que han incorporado los criterios normativos del DHAS  (accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad, (y aceptabilidad) así como sus criterios comunes  (no  discriminación,  participación,  sostenibilidad,  responsabilidad,  los  efectos  de  la  realización  progresiva).

• La  planificación  estratégica  sectorial,  para  cumplir  con  las  obligaciones inmediatas y progresivas respecto al DHAS y la capacidad de ejecución real del sector incluido el apoyo de la Cooperación Internacional y los tiempos e inversión necesarios  para  alcanzar  los  resultados  logrados.

• La  dinámica  de  la  inversión  pública  sectorial programada y ejecutada, que valora el volumen de la inversión pública sectorial en los últimos años, sus prioridades territoriales y segmentos de población.

Los éxitos, que han sido importantes como el cumplimiento en las metas de agua en el marco de los ODM se resaltan, con sus correspondientes cifras. La cobertura de agua potable a nivel nacional pasó del 72.8% (2001) al 80.8% (2012), el incremento fue de 2.105.262 habitantes. La cobertura de saneamiento de 41.4% al 52.7%, incorporando1.886.440 habitantes.

En los 17 capítulos del documento, se extraen los retos que deben enfrentarse para alcanzar este enfoque. No olvidemos que los desafíos son todavía enormes. Los análisis que se presentan en el informe indican que,  al  2015 existen  cerca  de  2  millones  de  bolivianos  sin  servicios  de  agua potable (1.656.350 habitantes) y cerca de 5 millones sin servicio de saneamiento (4.649.290 habitantes).  Además  existen  alrededor  de  500  mil  habitantes  que  reciben  agua  de  carros  aguateros  con  todos  los  problemas  relacionados  a  la  calidad  del  agua  y  costos  que  esto  implica y se tiene poco más de 1 millón de bolivianos que aún recurren a ríos, lagos, lagunas, vertientes, acequias o curiches para abastecerse del elemento vital". También se resalta la preocupación por que aproximadamente 3 millones de habitantes que no tenga baño ni letrina y algo más de 50 mil que aún vierten sus  aguas  residuales  a  las  calles,  quebradas  o  ríos.

​El trabajo se ha realizado tras varios años de análisis y diálogo con los operadores y actores del sector del agua, con el objetivo de aunar esfuerzos para reducir las brechas que todavía existen de cara al disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento.