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Este 10 de diciembre 10 de diciembre no es un año más: es un aniversario que importa. Se cumplen 15 años desde que la Asamblea General de la ONU reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (2010–2025) y 10 años desde que ambos se reconocieron de manera independiente (2015–2025).   Los derechos no se conceden, ya que son inherentes a la existencia de las personas.  Y sin embargo, y pese a su importancia, los derechos humanos al agua y saneamiento no fueron reconocidos como tales por Naciones Unidas hasta 2010.   Detrás de ese avance hubo años de trabajo y de liderazgo internacional, especialmente de España, Alemania o Bolivia, que desde 2008 impulsaron el mandato del Relator Especial de agua y saneamiento (anteriormente conocido como Experto Independiente), cuya primera titular fue Catarina de Albuquerque. Desde aquí queremos reconocer su extraordinaria contribución en la conquista de estos derechos y su determinación para que estas declaraciones condujeran a acciones tangibles y medibles que garanticen el acceso universal al agua y el saneamiento.   Un trabajo al que contribuyeron muchas personas y que culminó con la histórica Resolución 64/292 en 2010, que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento y, un lustro más tarde, con la Resolución 70/169, aprobada por consenso en 2015, que diferenció y definió ambos derechos de forma independiente.  Hoy, cuando casi una cuarta parte de la humanidad no tiene acceso a agua potable segura y más de 3.000 millones de personas carecen de saneamiento adecuado, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, estos avances legales se vuelven más relevantes que nunca.  De derechos a proyectos, y de proyectos a vidas dignas  En América Latina y el Caribe, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) ha demostrado que los derechos solo existen plenamente cuando se conquistan en los territorios. Desde 2009, la Cooperación Española y el BID han trabajado juntos para que los derechos humanos al agua y al saneamiento dejen de ser una declaración y se conviertan en una experiencia cotidiana, especialmente en comunidades rurales y periurbanas.   En estos 16 años, esta alianza ha impulsado 20 operaciones y 11 cooperaciones técnicas, gracias a 395,73 millones de euros en donaciones de España, que apalancaron una cartera total de más de 1.000 millones de euros. Todo ello se sumó a los programas bilaterales del FCAS, que supusieron otros 420 millones de euros en donaciones y, en total, han supuesto más de 4,6 millones de personas con acceso a agua potable y/o saneamiento. a través de programas que transforman hogares, escuelas y servicios comunitarios. Pero también es un impacto institucional: los proyectos fortalecen municipalidades rurales, crean mecanismos de participación, mejoran la gobernanza del agua, impulsan la transparencia y permiten que las comunidades —y especialmente las mujeres— tomen decisiones informadas sobre su propio desarrollo.  Ese esfuerzo regional encuentra un ejemplo vivo en México, donde un programa conjunto del FCAS y el Programa  Indígena llevará agua y saneamiento a comunidades aisladas, mayoritariamente habitadas por población indígena, que se encuentran en una situación prolongada de pobreza, aislamiento geográfico y baja cobertura de servicios básicos. En total, el programa beneficiará a cerca de 3.900 personas en diez comunidades del municipio de Texax, en Yucatán.   Pero quizá lo más significativo es su enfoque: fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, establecer sistemas resilientes al cambio climático y promover prácticas de higiene y conservación del recurso, alineando el proyecto con la lucha contra la desnutrición crónica infantil.  Este proyecto ilustra, en pequeño, lo que el FCAS persigue en toda la región: que los derechos humanos al agua y al saneamiento se expresen en sistemas robustos, instituciones sólidas y comunidades empoderadas.  Cuando los derechos llegan al territorio  Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue enfrentando desafíos urgentes: 160 millones de personas todavía no cuentan con agua gestionada de forma segura; 335 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado; y las mujeres y las niñas de la región siguen asumiendo el 72% del trabajo relacionado con el agua, afectando su educación, salud y autonomía. Cerrar estas brechas exige inversión, políticas claras, instituciones fuertes y una mirada basada en derechos.  Por esta razón, el pasado webinar “Derechos Humanos en municipios rurales”, organizado por el BID, Human Right 2 Water y AECID, y financiado por la Unión Europea a través del programa LAIF Regional, mostró casos de éxito en países como Colombia, Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica. Cada uno, con sus particularidades, demuestra lo mismo: cuando hay voluntad política, acompañamiento técnico y participación comunitaria, los derechos humanos se traducen en mejores servicios, en sistemas sostenibles y en comunidades más resilientes.   Sin embargo, conseguirlo no es fácil. Por eso, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento hace un esfuerzo en fortalecimiento de capacidades a través de formación especializada y seminarios (por ejemplo, a través del Centro de Formación en Bolivia), así como en el desarrollo de herramientas que permitan aterrizar los derechos humanos a la gestión cotidiana:   Para los equipos que diseñan y monitorean proyectos, la Lista de Comprobación DHAS permite evaluar si los proyectos integran principios como la no discriminación, la participación o la transparencia.  Para los operadores de agua y saneamiento, AquaRating permite que conozcan la calidad del servicio que ofrecen, monitoreen su desempeño y planifiquen mejoras.   Para juntas de agua y administradores en el contexto rural, la herramienta de autodiagnóstico para municipalidades rurales orienta mejoras en las dimensiones clave del derecho: acceso, disponibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad, así como en los principios transversales que permean todo el derecho.  Estas herramientas son solo algunos ejemplos de acciones que democratizan el conocimiento técnico y permiten que los derechos lleguen realmente a quienes más los necesitan.  15 años después… el trabajo sigue vigente  En este Día de los derechos humanos, cuando celebramos 15 años del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento y 10 años de su reconocimiento independiente, reafirmamos algo esencial: el acceso a agua y saneamiento seguros, asequibles y culturalmente adecuados no es un privilegio; son un derecho humano.   Y los derechos —como dijo Clara Campoamor— se conquistan. Cada programa, cada municipio fortalecido, cada niña que ya no debe caminar kilómetros para traer agua, cada comunidad que gestiona su sistema con transparencia y orgullo es una conquista colectiva.  Hoy celebramos, sí. Pero, sobre todo, renovamos nuestro compromiso: seguir trabajando para que estos derechos sean una realidad en todos los territorios: agua y saneamiento para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. 

Antón Leis, director de la Aecid, señaló la importancia de que los expertos en agua y en clima continúen profundizando su colaboración para asegurar el suministro y gestión sostenible del agua y recordó el compromiso de la Cooperación Española con el ODS 6 y la adaptación al cambio climático. 

En Costa Rica, abrir el grifo y beber agua potable es algo común para la mayoría. El país tiene una de las coberturas más altas de América Latina y el Caribe: un 93,9%, según el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS). Pero esta cifra, aunque alentadora, no refleja lo que ocurre en algunas de sus regiones más apartadas. Durante muchos años, comunidades como Santa Rosa de Pocosol, La Virgen, Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Fe de Los Chiles y el Territorio Indígena Maleku enfrentaron un panorama muy distinto. Allí, el acceso al agua limpia no estaba garantizado. A medida que las poblaciones crecieron, los sistemas artesanales dejaron de ser suficientes, y lo que para otros era un servicio básico, para estas personas era una lucha diaria. Durante muchos años, comunidades como Santa Rosa de Pocosol, La Virgen, Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Fe de Los Chiles y el Territorio Indígena Maleku enfrentaron un panorama muy distinto. Allí, el acceso al agua limpia no estaba garantizado. A medida que las poblaciones crecieron, los sistemas artesanales dejaron de ser suficientes, y lo que para otros era un servicio básico, para estas personas era una lucha diaria. Pozos que se secaban en verano, agua teñida por vetas minerales, baldes cargados desde el río. El agua no llegaba. Y cuando llegaba, no era segura. “En esos tiempos no había cañería y hemos tenido que ir a jalar agua de los ríos en unas jícaras grandes. En la escuela, el agua era muy escasa porque el sistema era viejo y casi todos los días sufría averías”, recuerda Aniceto Blanco desde Maleku.   “Cuando no teníamos agua era bastante feo, porque uno tenía que acarrearla desde el agua del pozo y sacarla con mecate”, relata Katia Segura. “Hace 11 años que llegué a esta comunidad y me encontré sin agua. Entonces vine a investigar qué pasaba y me dijeron que había un cambio de pozo”, cuenta Ivania Segura. Al notar que el agua del nuevo pozo no era de buena calidad, decidió involucrarse activamente. Con el tiempo, se convirtió en beneficiaria de un proyecto que haría una gran diferencia. Un cambio construido colectivamente Todo empezó a transformarse con la puesta en marcha de un proyecto del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española, ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se construyeron seis nuevos acueductos, modernizando por completo la infraestructura en estas zonas rurales del norte. Tanques, redes de distribución, cañerías nuevas y puntos de acceso seguros permitieron que el agua potable estuviera disponible, día y noche. Más de 34.000 personas vieron cambiar su vida gracias al acceso garantizado al agua y al saneamiento. El impacto fue inmediato y profundo: mejoró la salud, disminuyó el ausentismo escolar, y alivió la carga diaria de las familias. Lo que antes era un obstáculo constante, se convirtió en un derecho tangible.“Nuestro objetivo es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, un derecho humano que se consagró por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010. Y que no solamente es imprescindible para la dignidad de las personas, sino también para el desarrollo sostenible, particularmente en las zonas rurales”, explica en el vídeo la que fue embajadora de España en Costa Rica hasta agosto de 2025, Eva Felicia Martínez. “España es un socio estratégico que brinda un apoyo crucial para llegar a comunidades que tradicionalmente han estado apartadas y sin acceso a servicios básicos. Este ha sido un proyecto de una gran dimensión en regiones de la zona norte, que creemos tendrá un buen impacto en la calidad de vida de estas comunidades y en el acceso a una mejor agua y saneamiento para todas las poblaciones”, destaca Francisco Javier Urra, representante del BID en Costa Rica. Hoy, en estas comunidades donde el agua era escasa o inalcanzable, los grifos funcionan. El agua limpia corre. Y con ella, corre también la esperanza de un futuro más justo, donde los derechos humanos se viven, se tocan, y se celebran. “Es bonito tener agua todo el tiempo, día y noche. Hasta da gusto abrir el chorro y bañarse”, dice Rodrigo Vargas. ---- Este artículo es parte de la serie “Cambiando el mundo a través del agua y el saneamiento”, una colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que destaca el impacto que los proyectos de agua y saneamiento tienen en las personas de América Latina y el Caribe.  

El acceso a baños es crucial para asegurar la dignidad y la seguridad de las personas. Además, los sistemas de colecta, tratamiento y disposición de heces y aguas residuales son esenciales para la salud pública, así como para preservar los ecosistemas y asegurar un desarrollo sostenible. Un programa del Fondo del Agua financiado por la Unión Europea y ejecutado con apoyo del BID, ha trabajado para enfrentar estes desafío a través de innovación técnica, inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

El saneamiento no es solo una cuestión de infraestructura, sino de dignidad de las personas, salud y sostenibilidad. Según el JMP (Joint Monitoring Programme, OMS/UNICEF), más de 3.500 millones de personas en el mundo carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. En América Latina y el Caribe, casi la mitad de la población (el 48,76 %) aún no dispone de servicios de saneamiento seguros, lo que representa una grave amenaza para la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Por todo ello, es necesario que los gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado se sumen a este esfuerzo colectivo.  En este sentido, el Fondo de Cooperaciíon para Agua y Saneamiento reafirman su compromiso con la Conferencia de Directores y Autoridades Iberoamericanas del Agua (CODIA), manteniendo un apoyo y una colaboración constante con esta institución, que se ha convertido en una referencia en la región y ha presentado recientemente el Marco Común Iberoamericano en Calidad de las Aguas (MICA). Esta iniciativa regional busca armonizar políticas y normativas para mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación y fomentar el reúso seguro de aguas residuales tratadas en los 22 países miembros. El MICA responde a los acuerdos adoptados en las conferencias XXIV y XXV de la CODIA y se alinea con la Agenda Medioambiental Iberoamericana (AMI), actualmente en elaboración. Su objetivo es claro: avanzar hacia un modelo de gestión del agua más sostenible, inclusivo y resiliente, basado en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en consonancia con la meta 6.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reclama a los países mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y aumentando el tratamiento y el reúso. El MICA representa una oportunidad única para, de forma coordinada y colaborativa, impulsar iniciativas para transformar la gestión del agua en Iberoamérica y garantizar un futuro más limpio, justo y resiliente para todos. Así, la iniciativa aborda esta problemática desde una perspectiva integral, promoviendo: La armonización de estándares de calidad del agua y normativas sobre vertidos. El intercambio y puesta en común de la información disponible. El fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales. La capacitación de profesionales del sector hídrico. La recuperación y reutilización segura de aguas residuales tratadas. La mejora de la monitorización y control de la calidad de las masas de agua. La cooperación regional para la gestión de recursos hídricos compartidos. Un marco para transformar el saneamiento en Iberoamérica El MICA se inspirará en experiencias internacionales de éxito y en principios rectores como la prevención, el enfoque ecosistémico y el principio de “quien contamina, paga”. Además, el marco se apoyará para su funcionamiento en los grupos de expertos regionales sobre normativa sectorial de la CODIA, para promover sobre la base de criterios técnicos la adopción de compromisos voluntarios sobre tratamiento y reúso. Estas acciones permitirán racionalizar inversiones, movilizar financiación internacional y promover la economía circular en el sector hídrico. El objetivo último es proteger el medioambiente y preservar los ecosistemas acuáticos. Para ello, es fundamental la mejora de la gobernanza y la cooperación entre países para impulsar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas. Se espera también avanzar hacia la elaboración de Planes de Acción de Calidad de las Aguas que incluyan políticas, instrumentos legales, programas de vigilancia y control, mantenimiento y mejora, etc. de manera que faciliten su implementación práctica.

Esta completa publicación, accesible en formato web, pretende facilitar y apoyar la elaboración de planes hidrológicos con visión de gestión integrada de recursos hídricos, aprovechando la experiencia de los países e instituciones iberoamericanos.    

Catarina de Albuquerque, que falleció este 7 de octubre con tan solo 55 años, defendía con pasión el derecho de todas las personas a tener un acceso digno a los servicios de agua potable y saneamiento y trabajó durante toda su vida, hasta el último momento, para lograrlo.    

En la región del Trifinio, donde confluyen las fronteras de El Salvador, Guatemala y Honduras, el agua no es solo un recurso: es la base de la vida cotidiana, del sustento agrícola, del arraigo comunitario y de la identidad cultural. Allí, las mujeres desempeñan un papel clave, aunque pocas veces reconocido, en su protección y gestión sostenible. En zonas rurales marcadas por múltiples desafíos —desigualdad, exclusión, cambio climático, migración y deterioro ambiental— son ellas quienes tejen redes de cooperación, movilizan saberes tradicionales y lideran acciones concretas para garantizar que el agua siga fluyendo, para todas y todos. Liderazgos cotidianos que sostienen el desarrollo Las mujeres del Trifinio no esperan a ser llamadas: se organizan. Con creatividad y perseverancia, promueven prácticas como la recolección de agua de lluvia, la protección de nacientes, la limpieza de fuentes y la reforestación de microcuencas. Participan en juntas comunitarias, coordinan esfuerzos transfronterizos y luchan por un lugar en los espacios de toma de decisiones. “Uno de los retos más grandes que tiene la comunidad es el del agua”, dice Joselin, tesorera de una Junta de Agua en Honduras. Sin embargo, todavía enfrentan barreras estructurales que limitan su participación efectiva: falta de acceso al crédito, escasa asistencia técnica especializada, subrepresentación institucional y roles de cuidado no remunerados que recaen casi exclusivamente sobre ellas. “Es importante trabajar y luchar por la comunidad”, dice Modesta, líder comunitaria de Guatemala mientras carga una jícara con agua para su familia.  En muchas comunidades cafetaleras, el trabajo femenino abarca desde la siembra hasta el procesamiento artesanal. Y a pesar de ello, sus voces rara vez se incluyen en las políticas de desarrollo rural o de adaptación al cambio climático. Mujeres Aguas Arriba busca revertir esta tendencia, no solo visibilizando sus contribuciones, sino también reconociendo sus derechos y fortaleciendo su liderazgo. “El café es una parte esencial para que crezca más agua. Entre más árboles hay, más café hay. Entonces hace que los ríos no se sequen. Si no hubiese árboles, el agua ya se hubiese acabado aquí”, explica Elisa, productora de café en El Salvador. Un enfoque territorial que mira al futuro Proteger el agua es también defender formas de vida, culturas vivas y memorias compartidas. En el Trifinio, las mujeres entienden el territorio no desde una lógica fragmentada, sino como un todo interconectado: tierra, agua, comunidad y futuro. Por ello, desde la Cooperación Española seguimos apostando por enfoques territoriales que integren el conocimiento local, promuevan la gobernanza comunitaria y fortalezcan las capacidades institucionales en diálogo con las personas que habitan y transforman estos espacios. Hoy más que nunca, frente a la crisis climática y la urgencia de un desarrollo verdaderamente inclusivo, estas mujeres nos muestran un camino: uno que nace en lo cotidiano y se proyecta hacia el bienestar colectivo. Cooperación en clave de género y sostenibilidad La iniciativa Mujeres Aguas Arriba, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), pone el foco en estas historias de liderazgo transformador. Para este caso en particular se enfocó en el Trifinio con apoyo de la Secretaría General de la OEA y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. En esta zona, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento llevó a cabo una cooperación técnica a través del Programa LAIF regional, financiado con fondos de la Unión Europea En esta región montañosa y fronteriza de Mesoamérica, las mujeres están organizadas para defender las fuentes de agua, mejorar la salud de sus comunidades y aumentar la resiliencia local frente a fenómenos extremos. Desde el BID y la Cooperación Española, este esfuerzo se articula con las prioridades del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), que en la última década ha acompañado numerosos proyectos orientados a ampliar el acceso a servicios básicos en zonas rurales y periurbanas, con un énfasis claro en la equidad de género y la sostenibilidad. Descubre el nuevo episodio de Mujeres Aguas Arriba, una serie que documenta las voces, rostros e iniciativas de mujeres líderes en la gestión comunitaria del agua en América Latina y el Caribe.     Esta serie cuenta con el apoyo del BID, que  junto a la AECID, tienen el objetivo común de proveer servicios de calidad en agua y saneamiento en zonas rurales de la región. ---- Equipo de Mujeres Aguas Arriba: Coordinación: Anamaría Núñez, María Augusta Olmedo, Leticia Ortega y Magdalena Méndez Especialistas de género BID: Naiara Martínez Contenido: Andrea Ortega Carreño y Paul Constance Ilustración: Natalia Lyskina y Carolina Curbelo Producción audiovisual: Adriana Loeff

El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la presentación oficial del Plan Hidrológico Nacional 2025-2045, el cual se espera que sirva de marco integral para la gobernanza del agua en las próximas dos décadas.  El acto contó con la presencia de la Embajadora del Gobierno de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, y estuvo presidido por el ministro de la Presidencia, Andrés Bautista, acompañado por el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez y, como anfitrión, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba.

El FCAS publica su Memoria Anual, un informe exhaustivo del trabajo realizado durante el año, para impulsar la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento