​
La semana pasada se inauguró el primer Tribunal de Familia en Nicaragua que ha sido financiado en su totalidad por la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación (AECID), con un importe total de 2,9 millones de dólares, en el marco del proyecto “Acceso de las mujeres a la justicia en materia de familia”.

La inauguración tuvo lugar en un momento histórico para Nicaragua ya que ese mismo día entró en vigencia la Ley 876 o Código de la Familia que vendrá a agilizar los procesos en casos de adopciones, relaciones padre-madre-hijo, divorcios, demandas por alimentos entre otros.

El acto de inauguración del Tribunal de Familia y la entrada en vigencia del Código de la Familia, fue presidido por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas; el embajador de España en Nicaragua, Rafael Garranzo García; la ministra de la Familia, Marcia Ramírez y magistrados y magistradas del Poder Judicial.

Durante la inauguración del Tribunal de Familia de la Corte Suprema de Justicia en Managua, Rafael Garranzo reiteró que su gobierno continuará cooperando con el Poder Judicial de Nicaragua, dentro del compromiso del Marco de Asociación País recientemente firmado entre los gobiernos de España y Nicaragua durante la visita del secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Gobierno de España, Gonzalo Robles.

“Documento en el cual nos comprometemos a seguir trabajando juntos, en este caso por un periodo de tres años en acompañar el proceso de desarrollo del país”, así lo expresó el Embajador Garranzo quien también manifestó que la Corte Suprema de Justicia ha sido un socio permanente con el que se ha trabajado en diversos ámbitos.

La Presidenta del Poder Judicial agradeció la cooperación del pueblo y Gobierno de España y expresó: “Este edificio se ha convertido en un ícono de la restitución de derechos para las niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y en fin, de hombres y mujeres que acuden a esta sede en busca de una administración de justicia rápida y especializada con atención integral e interdisciplinaria para resolver sus demandas”.

La Cooperación Española tiene presencia en Nicaragua desde hace 25 años, periodo durante el cual el apoyo a la gobernabilidad democrática del país ha sido punto importante de sus actuaciones… Con la Corte Suprema de Justicia se ha trabajado en diversos ámbitos como : la reforma al Código Procesal Civil que permitió la inclusión de los procedimientos orales en los procesos judiciales, el laboratorio de ADN, el equipamiento y capacitación de funcionarios del Instituto de Medicina Legal, apoyo a la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres (Ley 779) así como la creación del Observatorio contra la Violencia, buscando la capacidad de respuesta judicial y la coordinación interinstitucional.

Justicia en materia de Familia

España a través de la AECID, promovió la puesta en marcha de los Juzgados de Familia en Managua, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Bluefields. Los jueces fueron electos tras un concurso de oposición y mérito, fueron capacitados y tuvieron la oportunidad de realizar una pasantía en Madrid.

Siempre en el marco del proyecto: “Acceso de las mujeres a la justicia en materia de familia”, se creó, en la Defensoría Pública, la Unidad de Familia para dar acompañamiento a estos temas. Posteriormente se creó el Tribunal de Familia.

“Todo ello como testimonio continuado de nuestra cooperación en este ámbito de la gobernabilidad democrática, la preocupación por facilitar el acceso a la justicia y por mejorar la calidad de la misma y nuestro convencimiento de que ello requiere llevarse a cabo y como es lógicamente no puede ser menos, bajo el liderazgo de las instituciones públicas nacionales que son las que tienen el mandato de conducir ese proceso”, así lo indicó el Embajador de España en Nicaragua.

El trabajo continuo de la Cooperación Española en el ámbito de la gobernabilidad democrática también se expresa en la mejora de la seguridad ciudadana, en el fortalecimiento del poder local y en la transversalización de género de las políticas públicas. Toda esta labor se ha realizado, como no podía ser de otro modo, de la mano con las instituciones nacionales quienes han liderado los procesos. En este caso, con el Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Familia y Ministerio de Hacienda, entre otros.