Las comunidades rurales y las pequeñas ciudades de América Latina y el Caribe han enfrentado históricamente la dificultad de contar con agua potable y saneamiento en condiciones adecuadas. Los recursos que disponen estas poblaciones, la dispersión geográfica y las limitaciones institucionales hacen que este desafío requiera soluciones innovadoras y sostenibles. 

En este contexto, la Unión Europea, a través de su iniciativa LACIF - antes conocida como Latin American Investment Facility (LAIF)-, se alió con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española para que, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevaran a cabo un Programa que ha incluido un conjunto de proyectos enfocados a la mejora de los servicios en pequeñas localidades. La apuesta fue clara: ​desarrollar capacidades locales, acompañar a los pequeños operadores y garantizar​ que los ​servicios básicos​ no sean un privilegio urbano, sino un derecho para todas las comunidades. 

Priorizar los servicios rurales en las agendas de desarrollo de los países 

Con este Programa, denominado Promover la adaptación al cambio climático y la inversión en la gestión integrada de los recursos hídricos en el sector del agua y el saneamiento en América Latina en el marco del FCAS, se ha apoyado la Estrategia de Agua y Saneamiento Rural del BID con el objetivo de impulsar ​​ a los países en la consolidación y aceleración de sus agendas del sector rural. La estrategia busca promover servicios rurales de agua y saneamiento que sean eficientes, inclusivos y sostenibles a largo plazo, integrando herramientas adaptadas a las necesidades rurales, esquemas de intervención diferenciados y procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. En este sentido se ha apoyado a los países en la elaboración de Hojas de Ruta a fin de conseguir este propósito, y se han impulsado dos líneas de la estrategia, la de p​ueblos​​ indígenas y la de escuelas. 

Otro aspecto que se ha trabajado ha sido el uso de sistemas de información como base para la planificación. En esta línea se ha apoyado el desarrollo del ​​​SIASAR​ (Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural) y su uso para la preparación de programas en Panamá, Honduras, Bolivia y Nicaragua (RG-T2693). 

Impulsar el desarrollo de programas rurales 

Gracias al Programa se han provisto insumos a 11 programas de inversión a través de estudios y estrategias de sostenibilidad en Panamá, Honduras, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Nicaragua. 

También se ha apoyado al S​ervicio Nacional de Saneamiento Ambiental (S​ENASA​)​ de Paraguay en el desarrollo de una herramienta para gestionar y supervisar proyectos rurales de agua y saneamiento que además se quiere adaptar a otros países.  

Infraestructura en Paraguay

La cooperación técnica RG-T3422 - Sistematización de experiencias y apoyo al desarrollo de estrategias en el sector rural de agua y saneamiento apoyó el desarrollo de estos enfoques a fin de impulsar esta agenda en los países. 

Una metodología para reforzar a los pequeños operadores de los sistemas de agua y saneamiento 

Otro aspecto de alta relevancia ha sido el desarrollo de una metodología para reforzar las capacidades de los operadores de agua de pequeñas ciudades. La metodología incide en la transformación del operador donde él es protagonista de sus cambios y parte de una comprensión de cómo funciona su sistema que le va a servir para definir qué mejoras tiene que hacer para garantizar un servicio de calidad.

Junto a la metodología se han desarrollado herramientas digitales, manuales y material de formación. Estos trabajos se han implementado con 5 operadores en Honduras obteniendo resultados significativos y mostrando potencial para su escalamiento (RG-T3915).  

Respuestas en tiempos de crisis 

Además de responder a problemas estructurales, el Programa también generó proyectos para atender nuevas necesidades. Así, la pandemia de COVID-19 mostró la urgencia de contar con sistemas resilientes. En Ecuador, las provincias de Manabí y Esmeraldas recibieron apoyo para sostener los servicios de agua potable en un momento de emergencia sanitaria. De manera similar, en El Salvador, organizaciones como ADES y PROVIDA acompañaron a comunidades rurales para asegurar que el agua siguiera fluyendo en medio de la crisis. 

Estas intervenciones no sólo respondieron a la coyuntura, sino que dejaron capacidades instaladas que hoy ayudan a enfrentar nuevos desafíos, desde fenómenos climáticos extremos hasta presiones por el crecimiento poblacional en zonas periurbanas. 

Servicios rurales y de pequeñas ciudades en cifras 

Centro de salud en Quehuaya, Bolivia

En el marco de esta línea de trabajo, el programa ha logrado: 

• 924 comunidades mejoraron sus servicios. 
• Apoyar a 7 países y a 11 programas. 
• Analizar distintos esquemas de provisión de servicios en zonas rurales. 
• Desarrollar una metodología probada y confeccionar herramientas para fortalecer pequeños operadores. 
• Disponer de recomendaciones para trabajar con pueblos indígenas y para proveer de servicios en escuelas. 
• Más de 6.000 personas capacitadas.

Estos números reflejan cómo se ha contribuido al impulso que están dando AECID y BID en la agenda rural de la región.  

Hacia la sostenibilidad de lo rural 

Si algo ha demostrado el Programa es la importancia de impulsar la agenda rural desde el marco sectorial de los países, el apalancamiento de recursos para programas de inversión y el fortalecimiento de los esquemas de provisión de los servicios. Más allá de las cifras globales, cada herramienta desarrollada, cada capacitación y cada sistema que logró mantenerse activo en una comunidad alejada representa un paso hacia la equidad en el acceso al agua y al saneamiento. 

Invertir en zonas rurales y pequeñas ciudades no es atender un problema marginal: es apostar por la cohesión social, la salud pública y la resiliencia de toda la región. 

La Unión Europea, en alianza con la AECID y el BID, se unió a esfuerzos locales y regionales para dar respuesta a una de las brechas más persistentes: el acceso sostenible a servicios básicos en territorios con mayor vulnerabilidad. Con una donación de 15,3 millones de euros, canalizada en 36 proyectos en 17 países, se logró asociar estos fondos a más de mil millones de euros en inversiones. El impacto de esta sinergia va más allá de las cifras: ha significado diagnósticos, metodologías innovadoras, fortalecimiento de capacidades y, sobre todo, servicios funcionando en comunidades que antes quedaban fuera de la cobertura.  

Si quieres conocer más sobre los proyectos, cifras y experiencias, te invitamos a descargar y explorar el PDF interactivo del Programa. 

Por Andrea Ortega C. y Francisco González Medina