Por Ana Mariela Moncada y María Castro Serantes

El Índice Anual de Miseria de Hanke (HAMI) de 2020 sitúa a Honduras como el país con más miseria de Centroamérica, con alrededor del 60% de los hogares en condiciones de pobreza, según datos de su Instituto Nacional de Estadística. 

A esto se suma su vulnerabilidad ante los fenómenos de la naturaleza y la convivencia de varias crisis humanitarias (inseguridad alimentaria, enfermedades tropicales, migración, etc.), con una inestabilidad sociopolítica, que no ha cesado desde el golpe de estado de 2009, y la persistencia de unos niveles muy altos de violencia.

En un contexto tan complejo y desigual, las escuelas son mucho más que espacios para el aprendizaje y desarrollo psicosocial. Para la niñez en situación de extrema pobreza, las aulas se convierten en espacios seguros en los que permanecer mientras sus madres y padres trabajan, recibir alimentación y refugio emocional.  

A pesar de ello, desde marzo del 2020 las escuelas en Honduras permanecen cerradas y la calidad de la educación que está recibiendo el alumnado del sistema público es muy preocupante, impactando en la ya fuerte desigualdad social.

"Se está produciendo un retraso impresionante en muchos niveles. Muchos de estos niños y niñas no tienen forma de seguir las clases con las plataformas digitales, porque no tienen acceso a internet, ni los materiales adecuados y porque no tienen la guía adecuada. El riesgo es que muchos acaben por descolgarse del sistema educativo, en un país donde ya había 1/3 de la población de estudiantes fuera del sistema educativo. Las peores estimaciones que se pueden hacer, en relación con los efectos del coronavirus y el cierre, es que esa proporción pueda llegar a 2/3 de la población de niños y niñas", relataba el mes pasado, con preocupación, César Villar, representante adjunto en Honduras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Antes de la llegada de la pandemia, el sistema educativo en Honduras acarreaba importantes carencias vinculadas al nivel de cobertura, calidad del aprendizaje y mal estado de las infraestructuras, entre otros. A esto se suma el hecho de que en el área urbana sólo el 16% de la población tiene acceso a internet y en el área rural, donde está la mayor parte de la niñez, apenas el 1,9%. 

Según la encuesta realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa a padres y madres de familia en mayo de 2021, el 73% de las personas consultadas no habían matriculado a sus hijos e hijas por falta de dinero para pagar internet. Los resultados de la encuesta reflejaron, además, que el 51% del alumnado de escuelas públicas recibe menos de 5 horas de clase a la semana, principalmente a través del envío de tareas vía Whatsapp y, en raras ocasiones, desde una plataforma digital. 

Este acceso desigual a las clases provoca un nivel dispar de seguimiento y aprendizaje que implica que niños y niñas dentro del mismo grado regresarán a las aulas con niveles muy diferentes.

"Yo quisiera que él volviera a las aulas. Para mí es difícil, hay preguntas que yo no le entiendo y tengo venir a buscar a otra persona para que me ayude. A veces yo salgo a la calle para pedir ayuda y después comprar saldo para internet…ayer sólo llevé 200 pesos [unos 7 euros], y de ahí también tengo que comprarle de comer", explica una madre que mendiga en uno de los principales bulevares de la capital de Honduras, al tiempo que supervisa las tareas que su hijo realiza en la acera. 

 A la complicada situación que ya vivían los y las estudiantes durante la pandemia, los huracanes Eta e Iota tocaron territorio hondureño en noviembre de 2020, empeorando el escenario. Según el clúster de Educación en Honduras, 114.015 estudiantes fueron afectados/as por los huracanes, más de 700 planteles educativos sufrieron daños y muchos de ellos funcionan todavía como albergues.

“Aquí no teníamos acceso, todo se inundó, se perdió totalmente todo, no sólo en el centro educativo sino también en la comunidad, en los hogares de los padres de familia perdieron todo”, cuenta Douglas Hernández, director del Centro Escolar Básico Oswaldo López Arellano, donde previo a la pandemia asistían 500 estudiantes entre 6 y 17 años. 

Ante este contexto, los diferentes actores de la Cooperación Española en Honduras reaccionaron activando múltiples acciones humanitarias para mitigar la situación generada por la Covid-19, Eta e Iota.  Facilitar el regreso a las aulas del alumnado en situación de mayor vulnerabilidad es una de las prioridades actuales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

La AECID realizará una aportación de 1.500.000€ al llamamiento de emergencia de UNICEF, de los cuales 250.000€ (provenientes del Convenio de Acción Humanitaria suscrito entre la AECID y 11 Comunidades Autónomas -Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Rioja, y Valencia- se están aplicando en este momento para la rehabilitación de escuelas situadas en las zonas más afectada por los huracanes.

"Estamos haciendo posible la rehabilitación de 42 escuelas que fueron gravemente afectadas por los huracanes Iota y Eta... Limpieza, desinfección, rehabilitación de material escolar, rehabilitación de sillas y mesas, rehabilitación de espacios… todo ese trabajo se está haciendo ahora mismo para asegurar una vuelta al colegio lo antes posible. Cerca de 30.000 niños/as se estarán beneficiando con estas diferentes fases", detalló César Villar. Se sumarán más escuelas en la siguientes fases, así como capacitación al profesorado, atención psicosocial a niños y niñas, acceso a recursos digitales y ayuda a las familias más necesitadas.

El regreso a las aulas sigue teniendo un futuro incierto para la niñez hondureña. Las personas docentes aún no han sido vacunadas en su conjunto, persiste un gran número de centros escolares dañados, y algunas escuelas todavía albergan familias o son utilizadas como centros de triaje. El uso de infraestructura educativa en la respuesta a desastres es una práctica que perjudica a la niñez, tanto por el rol que la educación debe jugar en una situación de emergencia para mitigar el daño en la infancia, como por el retraso que provoca en reanudar las actividades escolares.

El impacto del cierre tan prolongado de las aulas aún es difícil de imaginar. Mientras permanecen cerradas, muchos niñas y niños han tenido que salir a trabajar y, en el peor de los casos, migran exponiéndose a riesgos aún mayores. 

Ana Mariela Moncada, ex responsable de Comunicación de la AECID Honduras
María Castro Serantes, Responsable de Programas de la AECID Honduras