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El Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Montevideo celebra, del 23 de noviembre al 10 de diciembre,  el curso virtual "La trata de seres humanos desde la perspectiva de los derechos humanos: análisis y diseño de herramientas para su lucha", una iniciativa organizada con la colaboración del  Consejo General del Poder Judicial de España a través de su programa Aula Iberoamericana, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo de este curso es capacitar a jueces, juezas, fiscales y demás operadores jurídicos en el tratamiento de las víctimas de trata en los procesos judiciales con el fin de que sean capaces de detectar, conocer y entender las problemáticas existentes, así como establecer mecanismos de mejora.

Organismos internacionales y entidades de la sociedad civil dedicadas al apoyo de las víctimas de trata, han reiterado la necesidad de hacer frente a las problemáticas existentes en el tratamiento de estas víctimas en las distintas fases de los procesos judiciales. Desde la fase previa (invisibilidad del delito, dificultades de identificación de víctimas o carencia de medidas de apoyo) y del proceso judicial (dificultades para investigar que convierten a la víctima en una fuente de prueba fundamental, validez de la prueba pre-constituida, utilización de medios tecnológicos…), hasta la fase posterior a la finalización del proceso (responsabilidad civil, reconocimiento como víctima de trata y regulación de la situación administrativa). Con este curso se busca dar respuesta a esa necesidad profundizando en la regulación penal del delito de trata de seres humanos existente en España y determinando las dificultades a las que se enfrenta la víctima de trata de seres humanos antes, durante y después del proceso penal, para poder establecer mecanismos de mejora. También se pretende conocer la significativa afectación de la pandemia provocada por la COVID-19 en las víctimas de trata de seres humanos y compartir las medidas concretas adoptadas para su protección. 

En este sentido, la directora del CFCE en Montevideo, Mercedes Flórez, resaltó durante la inauguración del curso que, en relación a los delitos de trata de personas y la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, se desarrollan proyectos bilaterales con presencia y acompañamiento en el diseño de políticas públicas en diferentes países de la región, especialmente en Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Honduras y Guatemala.

Aunque el delito de la trata de personas es un fenómeno de naturaleza transnacional que comparte características comunes en los países de la región, también presenta expresiones particulares en cada uno de ellos. Pero desde una perspectiva regional, Centroamérica es principalmente una región de captación de víctimas en la ruta de tránsito hacia destinos situados en el norte del continente (como México, Estados Unidos y, en menor medida, Canadá y Europa). En todos ellos se presentan por igual casos de trata interna e internacional. Identificar estas problemáticas, conocerlas, entenderlas y establecer mecanismos de mejora deviene una exigencia en la actividad de jueces y juezas, fiscales y demás operadores jurídicos. La pandemia del COVID19 plantea, además, la necesidad de conocer cómo está afectando a estas víctimas y qué medidas se están adoptando para su protección.

LA TRATA DE SERES HUMANOS, LA FORMA DE ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI

La trata de personas es la forma de esclavitud del siglo XXI y supone una violación flagrante de los derechos humanos, siendo una de las modalidades más crueles e inhumanas del crimen organizado y una amenaza permanente al ejercicio del derecho a la vida y la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes.  Como señala Save the Children, aprovecha las situaciones de pobreza, exclusión, violencia y vulnerabilidad psicológica y emocional en las que generalmente se encuentran sus víctimas, que se ven obligadas a vivir en esclavitud y explotación (sexual comercial, laboral u otras).

La Cooperación Española se encuentra comprometida en la lucha contra este tipo de delitos desde diversos frentes. Entre otros, a través de una programación de cooperación judicial internacional de carácter regional sobre acceso a la justicia eficiente y de calidad, en el marco de su programa Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial; y a través de INTERCOONECTA –Plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento de la Cooperación Española en América Latina y El Caribe–, en su línea de fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas e institucionales de las administraciones públicas y otros actores vinculados a las políticas públicas para avanzar en los retos regionales. Todo ello en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030, en especial los ODS 5 (Igualdad de género), ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). ​