Bajo el título “Empresas y derechos humanos. El marco de los principios rectores y el derecho a la consulta previa en América Latina y el Caribe” se ha desarrollado en la sede de la Agencia Española de Cooperación (AECID) un seminario con empresas españolas de diversos sectores (hidrocarburos, energía, infraestructuras, turismo, financieras, seguros e innovación) organizado por el Programa Indígena de la AECID gestionado por la Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe, junto con la Unidad de Empresa y Desarrollo de la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID y por la Red Española del Pacto Mundial.

El seminario perseguía como objetivos: i) fomentar la expansión territorial responsable, bajo el paraguas del respeto a los derechos humanos; ii) dar a conocer el derecho a la consulta previa en América Latina y su conexión con el marco de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos; iii) aportar a las empresas experiencias prácticas que les ayuden a definir sus estrategias de diálogo con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para el logro de los objetivos planteados se contó con una ponencia central sobre los estándares y la realidad el derecho a la consulta en América Latina y el Caribe realizada por el Centro Regional de Apoyo al Pacto Global de la ONU para América Latina y el Caribe y con la presentación de experiencias prácticas de varias empresas (Repsol, OHL y Endesa) en relación a la consulta previa.

En el taller se puso de manifiesto que el derecho a la consulta previa es un principio fundamental del derecho internacional de protección de los pueblos indígenas que requiere un proceso de diálogo y participación permanente con los pueblos indígenas, que permite pasar de situaciones de conflicto a situaciones de diálogo y confianza mutua que otorgan seguridad jurídica tanto a los pueblos indígenas como a las empresas que se relacionan con ellos.

Se analizó la difícil coyuntura que existe en la región para la implementación del derecho a la consulta previa con altos grados de conflictividad social y medioambiental, paralización de inversiones y judicialización creciente de casos por no cumplirse los estándares internacionales de la consulta previa y por no actuar los gobiernos nacionales en algunas ocasiones como garantes de este derecho internacionalmente reconocido tanto por el Convenio 169 de la OIT como por la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La AECID ha recibido en los talleres regionales y nacionales celebrados peticiones de las filiales españolas para sensibilizar a las empresas matrices sobre esta realidad.

En la presentación y posterior debate se propusieron algunas recomendaciones que pueden servir de apoyo a las empresas para adaptar sus modelos de gestión a los estándares de la consulta. Se comprobó, a través de las experiencias prácticas de las empresas, como el mundo empresarial español está evolucionando hacia modelos de generación de valor compartido integrando los estándares del procedimiento de consulta en sus modelos de gestión. Por último, las empresas solicitaron mayores esfuerzos a las instituciones públicas para acompañar estos procesos de consulta previa, sumar más empresas españolas en estas iniciativas y favorecer la capacitación a los distintos agentes involucrados (representantes gubernamentales, empresas y representantes indígenas).

Los participantes apuntaron como retos: la falta de coherencia entre estos estándares internacionalmente reconocidos como vinculantes y las licencias para operar que conceden ciertos gobiernos por debajo de los umbrales internacionales, los problemas de representatividad que suscitan ciertos representantes indígenas no legítimos que pretenden aumentar la conflictividad y la necesidad de contar con un cuarto actor “garante” de los procesos de consulta previa para generar confianza entre las partes, acompañar los diálogos de consulta previa y otorgar seguridad jurídica a las inversiones y a los acuerdos alcanzados entre las empresas y los representantes indígenas como interlocutores, papel que corresponde a los gobiernos nacionales y no siempre se cumple. Por ello, el trabajo con las Defensorías Públicas de Derechos Humanos y las Oficinas representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas es clave junto con el compromiso de los gobiernos nacionales para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Tanto el Programa indígena como la Unidad de Empresa y Desarrollo de la AECID explicaron los distintos talleres de sensibilización tanto regionales como nacionales que se han llevado a cabo y se continuarán realizando para “facilitar” procesos de consulta previa, formación en indicadores y protocolos para respetar los estándares del “consentimiento, previo, libre e informado”, mitigar riesgos y garantizar las inversiones.

Para conseguir estos objetivos, el Pacto Mundial considera fundamental escalar el número de empresas firmantes de los “Diez principios” de Pacto Mundial, porque el respeto a los derechos humanos subyace en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que articulan el desarrollo mundial para los próximos quince años y para el cumplimiento de los cuales el papel de las empresas se revela fundamental.

Desde la AECID se circulará próximamente una encuesta abierta a las empresas españolas participantes y socias de la cooperación española para identificar sus áreas de interés en capacitación y facilitación de procesos de consulta previa con pueblos indígenas y afrodescendientes.