Diseñar proyectos de agua y saneamiento requiere tener en cuenta múltiples factores: los recursos disponibles, la infraestructura existente, y el marco normativo vigente. Sin embargo, en ese esfuerzo técnico a menudo se pasa por alto el aspecto fundamental de cómo se traducen los compromisos legales en acciones concretas a nivel local. 

Para cerrar esta brecha entre la norma y la realidad cotidiana, organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Human Right 2 Water y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) están impulsando el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

Este enfoque, que sitúa la dignidad y los derechos de las personas en el centro de la gestión pública, tiene el potencial para marcar la diferencia en los municipios rurales. Así lo demostró el reciente webinar “Derechos humanos en municipios rurales”, organizado por el BID, Human Right 2 Water y AECID.

Garantizar el derecho al agua y al saneamiento no es solo un desafío técnico, sino una cuestión de dignidad. Exige que los servicios sean suficientes, seguros, culturalmente apropiados, cercanos y asequibles para todas las personas, condiciones estas que son el corazón del enfoque basado en los derechos humanos. Aplicarlas en el territorio implica partir desde la realidad local, es decir escuchando a las comunidades, respetando su cultura y diseñando soluciones sostenibles, tal como explicó Amanda Loeffen, directora ejecutiva de Human Right 2 Water. 

UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS
No obstante, medir cómo se aplican estas condiciones puede repesentar un desafío para algunas comunidades. Por ello, AECID desarrolló una herramienta específica para que las municipalidades rurales puedan implementar el enfoque basado en derechos humanos en sus territorios. 

La herramienta se estructura en dos módulos -agua y saneamiento, e higiene- y opera a través dos pasos clave. El primero es un autodiagnóstico que permite evaluar la situación del municipio, mientras el segundo consiste en una hoja de ruta que orienta la mejora de cada categoría de derecho. Las preguntas se agrupan en torno a cinco dimensiones fundamentales: acceso, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad. Además, incorporan principios transversales como la equidad y la sostenibilidad, lo que permite avanzar hacia una gestión más justa y centrada en las personas.

Natalia Gullón, directora técnica de la Oficina del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de AECID, presentó la herramienta, destacando que “es una guía operativa que permite a las autoridades municipales integrar principios fundamentales como la no discriminación, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del agua y el saneamiento”.

De este modo, la herramienta no sólo permite cumplir con las condiciones del enfoque basado en derechos humanos, sino que también democratiza el acceso al conocimiento técnico y legal, poniéndolo al servicio de quienes están más cerca de la ciudadanía y sus necesidades cotidianas.

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS EN LO COTIDIANO: LECCIONES DESDE LA REGIÓN

Durante el evento, se presentaron estudios de caso de países como Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, los cuales evidenciaron cómo estos principios pueden concretarse en políticas efectivas que incluyen desde mecanismos para asegurar la participación comunitaria en la toma de decisiones, hasta sistemas de transparencia para que las comunidades accedan a información ambiental clave. 

Cada ejemplo confirma que, al contar con herramientas adecuadas, los gobiernos locales tienen la capacidad y la voluntad de colocar a los derechos humanos en el centro de su gestión.

Por ejemplo, en Colombia, el Programa de abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales en zonas rurales incorporó principios fundamentales como la no discriminación por motivos de raza, etnia o religión. Además, la legislación ambiental del país reconoce el agua como un derecho fundamental, reforzando así el compromiso con una gestión equitativa y sostenible del recurso. 
Este enfoque incluyó variables clave para desarrollar proyectos en territorios indígenas de manera respetuosa, integrando su cosmovisión y garantizando la participación de toda la sociedad.

UN LLAMADO DESDE Y PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
América Latina y el Caribe aún enfrenta brechas significativas: más de 160 millones de personas carecen de acceso a agua gestionada de forma segura y 335 millones no cuentan con saneamiento adecuado. Las mujeres y niñas son desproporcionadamente afectadas, cargando con el 72% del trabajo doméstico relacionado con el agua. En este contexto, iniciativas como las desarrolladas por el BID, AECID y Human Right 2 Water ofrecen una vía clara para cerrar esas brechas de manera estructural.

A esto se suma el trabajo del BID, en alianza con AECID y la Unión Europea, que demuestra cómo la cooperación internacional puede desempeñar un papel catalizador en este proceso. No se trata únicamente de financiar infraestructura, sino de fortalecer las capacidades institucionales, los marcos legales y los sistemas de gobernanza para asegurar que el agua no solo llegue, sino que lo haga de manera equitativa, sostenible y con un enfoque basado en derechos.

Adoptar el enfoque basado en los derechos humanos no es sólo un imperativo ético, sino también una estrategia clave para mejorar la vida de las personas. Los derechos no se materializan por sí solos: requieren planificación, inversión y una gestión comprometida. Convertirlos en una realidad concreta -y no en una promesa lejana- muchas veces comienza en el ámbito local, donde las decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia para que nadie se quede atrás.

Por Andrea Ortega Carreño