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«El agua nos ha unido», explica José Omar Orellana, alcalde de Dolores, una pequeña comunidad rural de la Honduras olvidada.

La localidad que dirige ha vivido una odisea con el agua. Llevaban más de 40 años intentando acceder a ella, recibiendo visitas de ONG y expertos, pero ningún proyecto cuajaba. Hasta que al final se plantaron: organizados en cuadrillas de 16 personas, han construido un sistema de cañerías de 35 kilómetros para traer por gravedad las aguas del río que se encuentra montañas arriba. Dormían en el suelo y pasaron meses bajo la lluvia, fuera de casa. Fue un gran esfuerzo el de sus hombres y el de sus mujeres.

El agua potable era un sueño eterno en Dolores, que no acababa de hacerse efectivo por las dificultades del terreno: el río, situado en la parte inferior del municipio, dificulta el bombeo del agua. El líquido que extraían de los pozos era para el que madrugaba –llegaba a las 3 a. m.–; el resto bebía agua del arroyo, contaminada a causa de la minería y las aguas fecales. En las épocas de lluvia, algunos morían ahogados. El cauce era un lugar de vida, pero también podía llevar a la muerte. 

 

70 casos de hepatitis

 

Hubo un hecho que marcó un antes y un después en esta lucha: 70 personas enfermaron de hepatitis por el agua contaminada y una niña de 13 años murió.

Fue en ese momento cuando los pobladores se pusieron manos a la obra y comenzaron a levantar el sistema de agua auspiciados por la empresa estatal de agua potable (SANAA), gracias a donaciones del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID y a la gestión de la Agencia de Cooperación junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Más de 400 vecinos cuentan hoy con un tanque de agua potable, manejado por la comunidad, y disponen de tuberías y baños, que incluyen un inodoro, un lavabo, una ducha y fosas sépticas. Antes, la defecación se realizaba al aire libre o en agujeros en los patios, y los mosquitos y el olor de las casas resultaban insoportables. Hoy en día las enfermedades hídricas han disminuido. 

 

Micromedidores

 

Uno de los pequeños grandes éxitos del programa es que la comunidad haya aceptado instalar micromedidores en las casas: cada quien paga el agua que gasta, y así la sostenibilidad del sistema está garantizada. En el último año se han recaudado 1.500 euros de las cuotas del servicio. Con estos ingresos se podrán realizar arreglos, comprar los químicos necesarios para clorar y planificar el mantenimiento del sistema. 

 

Desarrollo comunitario

 

El trabajo social con las familias ha sido un pilar fundamental: la ONG Catholic Relief Services (CRS) ha impartido formaciones para impulsar la correcta utilización de los baños y promover hábitos de higiene y ahorro del recurso. 

Los niños y niñas ya tienen una vida más digna, y disfrutan del derecho a beber agua limpia. No tienen que levantarse de madrugada para recolectarla y pueden ir a la escuela. Su higiene y salud han mejorado. Hoy los centros sanitarios no registran tantas diarreas. La vida de la comunidad es más fácil que antes.

«A veces tenía que ir una hora al rio, volver con mis hijos y luego volver a bajar a por la ropa mojada, pues pesaba todo mucho», explica María Jesús Reyes, fiscal de la Junta de El Borbollón, de 31 años.

Reyes cree que este proyecto ha cambiado su vida: «Mi niño desde que nació tenía diarrea, y eso era muy triste […]. Aunque se hirviera el agua, aunque se clorara, contenía heces fecales. No podíamos prosperar de esa manera. Tenía bacterias en el estómago y tuve que gastar mucho para que se recuperara. Gracias a Dios, ahora no puedo quejarme, mis cuatro niños están saludables».

«Puedes ser de una religión, de un partido, pero cuando se trata de algo tan preciado como el agua, todo el mundo se une», explica Juan Manuel Reyes, presidente de la Junta General de Agua del municipio.​