El acto inaugural fue presidido por el fiscal general de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, y el Embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, quienes reafirmaron el compromiso conjunto con la protección de los derechos humanos de la población indígena y afrodescendiente del país.

La nueva sede fiscal fue establecida con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y de respuesta del Ministerio Público ante las demandas de justicia de la población lenca del occidente de Honduras, ofreciendo atención especializada y culturalmente pertinente desde la Oficina Local del Ministerio Público en Intibucá. Esta oficina tendrá un impacto directo en los 17 municipios del departamento, donde aproximadamente el 80 % de la población pertenece a pueblos originarios.

Las adecuaciones incluyeron la creación de espacios dignos para la atención ciudadana, dotados de mobiliario, equipo informático y estaciones modulares de trabajo valorados en más de 680,000 lempiras, diseñadas para facilitar un servicio eficiente y con enfoque intercultural.

La apertura de esta sede se alinea con un enfoque integral del proyecto que busca no solo ampliar la cobertura territorial de la Fiscalía, sino también fortalecer las capacidades institucionales y sensibilizar a operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (PIAH). En ese marco, se han desarrollado capacitaciones dirigidas a fiscales, defensores y jueces de todo el país, orientadas a garantizar una aplicación más efectiva de los estándares internacionales de protección, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, recientemente se celebró en Tegucigalpa una conferencia internacional sobre el derecho a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado de los PIAH, que reunió a expertos nacionales e internacionales para intercambiar buenas prácticas y recomendaciones para fortalecer la legislación y la institucionalidad hondureña en esta materia.

Como parte del esfuerzo para garantizar el acceso pleno a la justicia, el proyecto también contempla una campaña de sensibilización y educación que será difundida a nivel nacional en los próximos meses. Esta iniciativa buscará elevar el conocimiento que la población —especialmente la indígena y afrodescendiente— tiene sobre sus derechos, para que puedan exigir su respeto y cumplimiento.

Con este nuevo paso, el Ministerio Público de Honduras y la Cooperación Española reafirman su compromiso con el acceso a la justicia y la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, fortaleciendo una institucionalidad más cercana, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural hondureña.