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Por Ana Regina Segura. Madrid

La crisis provocada por la COVID-19 ha aumentado notablemente las probabilidades de que en América Latina y el Caribe se presente un retroceso histórico en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Ante la pandemia y sus consecuencias, España ha dejado muy claro que el multilateralismo debe estar en el centro de las respuestas a la crisis. Como vienen declarando nuestras autoridades de forma reiterada, "nadie puede quedar atrás" y "nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo". Dicho lema de reciprocidad no surge hoy, sino que es una visión de larga data de la Cooperación Española, fácilmente reconocible, por ejemplo, en el intenso trabajo de colaboración entre España y América Latina y el Caribe.

Buen ejemplo de ello es el de la lucha contra el hambre y la desnutrición. Hablo del apoyo que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) otorgan, desde 2006, al compromiso Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH).

La IALCSH 2025 es un acuerdo muy novedoso, suscrito por los distintos países de la región en 2005. Es novedoso porque, en primer lugar, parte de un consenso amplio y plural; además, establece mecanismos de cooperación basados en la voluntad política y el intercambio de conocimiento para el desarrollo.

En el marco de dicho pacto, en 2009, la AECID y FAO apoyaron la conformación de la red "Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe" (FPH – ALC), con el fin de involucrar el Poder Legislativo en esta cruzada y garantizar que la alimentación se transforme en una cuestión de Estado. En definitiva, se concibió como la única forma posible de conseguir que los países reconozcan legalmente el derecho a la alimentación, le asignen adecuados presupuestos y tomen acciones concretas de mediano y largo plazo para su consecución, sin riesgo a que un cambio de gobierno eche por tierra los avances.

Hoy el Frente Parlamentario está integrado por más de 500 legisladores -con un marcado liderazgo a cargo de las mujeres-  de diferentes sectores políticos, en 21 congresos nacionales y 4 parlamentos regionales -Parlatino, Parlasur, Parlacen y Parlandino-.

Hasta la fecha, esta red ha impulsado más de 30 leyes y múltiples acciones parlamentarias en favor de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y el establecimiento de un adecuado enfoque de género en las políticas contra el hambre y la malnutrición, entre otros temas.

La Cooperación Española no sólo apoya el Frente Parlamentario con financiación y facilita sus actividades de capacitación en los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina, sino que también le da visibilidad a sus logros y desafíos, y lo conecta con otros actores y alianzas internacionales que trabajan arduamente por un planeta más justo, saludable, inclusivo y sin hambre.

Una cooperación de ida y vuelta

Pero la reciprocidad no es tal si no miramos qué sucede en casa. Por ello la Cooperación Española ha acercado la experiencia innovadora del Frente Parlamentario contra el Hambre a las Cortes Generales del Reino de España en una apuesta por impulsar una virtuosa cooperación circular en la que los resultados revierten en la sociedad que los promueve, en este caso, la sociedad española.

Así, en 2016 y 2017, diversas delegaciones del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe visitaron España para dar a conocer su experiencia como parlamentarios y parlamentarias contra el hambre y la malnutrición. En dichas instancias, la FAO y la AECID facilitaron los encuentros entre los legisladores del FPH-ALC y los miembros de las comisiones de agricultura, pesca y alimentación, la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado y representantes del Congreso de los Diputados de España. Asimismo, una delegación española de las Cortes Generales, encabezada por el presidente de la Comisión de Cooperación del Senado español, participó en el VII Foro del FPH-ALC realizado en la Ciudad de México en 2016.  Lo mismo ocurrió en 2018 durante la VIII versión de este foro que se celebró en Montevideo (Uruguay).

Gracias a esta retroalimentación y, como resultado de un proceso de cooperación de más de cinco años, el 18 de septiembre de 2018 se constituyó la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, integrada por 187 legisladores procedentes de 8 partidos políticos.   

Erradicar el hambre: un compromiso global

Que la lucha contra el hambre no entiende de fronteras, lo sabemos quienes trabajamos cada día en favor del derecho a la alimentación. Por eso, consideramos como otro gran logro conseguido por esta iniciativa, la permanente relación entre parlamentarias contra el hambre de África y América Latina y el Caribe, facilitada por  la alianza entre  FAO y la AECID.

En 2017, durante la 33ª reunión de la Red de Prevención de Crisis Alimentarias (RPCA) de la OCDE, la AECID y FAO apoyaron la participación de parlamentarias del FPH-ALC y de la Alianza Panafricana por la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Ese mismo año, en el marco de la 44ª Reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, las Cortes Generales Españolas y el FPH-ALC se comprometieron a organizar, con el apoyo técnico e institucional de FAO y AECID, la primera Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición 2018.

La Cumbre se celebró en el Senado Español en Madrid con gran apoyo político. Fue encabezada por el Presidente del Gobierno y acogió a más de 160 legisladores y legisladoras procedentes de 80 países que declararon decididamente su compromiso  de erradicar el hambre y la malnutrición de la faz de la Tierra.

Tal fuerza política debe mantenerse y potenciarse, pues puede llegar a ser un enorme y poderoso motor para asegurar que el Objetivo 2 de la Agenda 2030, Hambre Cero, sea un asunto estratégico de los países, ubicándose en lo más alto de sus agendas en tiempos de post pandemia.

En definitiva, es evidente que solos jamás podremos salir adelante. El futuro, para alcanzar estos objetivos planteados, está abierto al trabajo y compromiso de cada uno de nosotros; desde legisladores a personal técnico de organismos internacionales y de la cooperación internacional hasta la ciudadanía en general.

Todos y todas tenemos la oportunidad y la responsabilidad de contribuir desde nuestros espacios, mucho más en estos tiempos convulsos de la COVID19 en los que el hambre no sólo sigue presente, sino que vuelve a crecer. 

Ana Regina Segura es Jefa del Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la AECID.