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Por Lilia Pérez Pioquinto, Manila.

Como era previsible por experiencias anteriores, la emergencia provocada por el COVID-19 ha recrudecido los conflictos violentos en Filipinas. Aunque no es posible tener datos sobre la posible violencia sexual asociada a esos conflictos en este momento, es de esperar que el trabajo realizado en los últimos años por el país haya resultado en una reducción de los abusos a mujeres. En esa esperanza siguen trabajando una red de instituciones públicas y privadas del país e internacionales, entre las que se inserta la Cooperación Española.

La violencia sexual asociada a conflictos y ejercida tanto por actores estatales como no estatales ha tenido lugar de manera sistemática y ad hoc en la historia contemporánea de Filipinas, incluida la esclavitud sexual. Ante esta realidad Filipinas fue el primer país del Sudeste Asiático en publicar un Plan de Acción Nacional sobre Mujer, Paz y Seguridad siguiendo las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En este marco, en 2014, el Acuerdo Integral sobre el Bangsamoro dispuso la creación de la Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación (TJRC por sus siglas en inglés) para el estudio y formulación de recomendaciones en materia de justicia transicional y reconciliación con el fin de promover sanación y reconciliación entre las comunidades afectadas en Mindanao y el archipiélago de Sulú. Para ello, la Comisión decidió llevar a cabo Procesos de Escucha aplicando un enfoque centrado en la víctima que llegó a recoger historias colectivas de 210 comunidades afectadas por el conflicto en Mindanao. Uno de los objetivos clave de este proceso fue recabar información y experiencias tanto de hombres como de mujeres con el fin de estudiar el impacto de los conflictos sobre las identidades y relaciones de género. Alrededor de un 40% de los participantes de dichos procesos fueron mujeres.

Los Procesos de Escucha brindaron a varias comunidades, y concretamente a sus mujeres, la oportunidad de compartir los múltiples daños sexuales sufridos, incluida la mutilación de órganos sexuales y reproductivos. Aparte de la violencia y la humillación sufrida por las víctimas, el abuso a menudo ha producido importantes efectos negativos en las relaciones familiares.

Desde la perspectiva de la justicia transicional, aplicar un enfoque centrado en la víctima supone poner los intereses, preocupaciones y expectativas de las víctimas en el foco de las intervenciones y reparaciones. Por ello, las recomendaciones generales de la Comisión de Justicia Transicional y Reconciliación prevén el establecimiento de instituciones de justicia transicional que contarán con la asistencia de una asesoría de género como parte de la Secretaría de la Comisión Nacional de Justicia Transicional y Reconciliación de Bangsamoro (NTJRCB) para garantizar que la perspectiva de género se incluya en el trabajo de dichas instituciones.

Por otro lado, se prevé que la Subcomisión de Memoria Histórica asuma también la investigación de "violaciones graves de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario, centrándose, entre otras cosas, en casos emblemáticos específicos de crímenes atroces masivos, de despojo de tierras y de violencia sexual y de género asociados a conflictos".

Con el fin de avanzar en la adopción de dichas recomendaciones, el Consorcio de la Sociedad Civil de Bangsamoro (CBCS), en colaboración con la AECID y distintas instituciones del gobierno nacional, está apoyando la construcción de una red de actores institucionales que facilite su implementación.

Partiendo de las narrativas y experiencias recopiladas durante los Procesos de Escucha, CBCS y el Grupo de Trabajo Independiente sobre Justicia Transicional y Afrontamiento del Pasado, están llevando a cabo estudios y procesos de escucha complementarios en localidades tanto dentro como fuera de la BARMM.

Durante las conversaciones, los y las participantes mencionaron presuntas violaciones, raptos e incluso asesinatos cometidos en base a género que deben ser documentados para que las organizaciones responsables lleven a cabo las correspondientes investigaciones. Además de los estudios, también se han venido desarrollando formaciones en Justicia Transicional a actores relevantes a nivel nacional y regional, y apoyando a legisladores locales y organizaciones de la sociedad civil en la formulación y lobby de iniciativas de Justicia Transicional.

A través de este proyecto se insta así, no solo a la formulación de políticas y adopción de acciones programáticas sobre Justicia Transicional, pero también a la aplicación de análisis de género que permita a las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de violencia asociada a conflictos acceder a recursos legales para el reconocimiento de la violación de sus derechos, la reparación integra de los daños, y la garantía de que ninguna generación presente o futura de mujeres y niñas vuelva a padecer jamás esas atrocidades, ni otras semejantes.

Por Lilia Pérez Pioquinto, Responsable de Proyectos en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Filipinas