​“La autonomía de los fiscales es fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado”, señala la declaración de cierre de la XXII Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre y que contó con la participación de 17 países.

La asamblea anual de la AIAMP, una entidad sin fines de lucro fundada en Brasil en el año 1954 e integrada en la actualidad por 21 Ministerios Públicos y Fiscalías de Iberoamérica, se celebró por primera vez en Uruguay, durante dos días en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Este encuentro entre representantes de las fiscalías generales de 17 países de Iberoamérica pretendió estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad e intercambio de experiencias profesionales, así como determinar estrategias comunes para enfrentar problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y el tratamiento de víctimas y de testigos.

En su apertura, el embajador español en Uruguay, Roberto Varela señaló su expectativa para que “esta asamblea avance en temas estratégicos para el bienestar de las personas y especialmente de quienes deben ser amparadas por una justicia universal, equitativa, eficiente y autónoma”. El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, el fiscal de corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz Almeida y el ministro uruguayo de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, completaron las intervenciones inaugurales durante la mañana del jueves 6 de noviembre.

Al cierre de las dos jornadas, el fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, y representantes de varios países participaron de una conferencia de prensa, en la que comunicaron los resultados obtenidos en la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

"Uruguay y Argentina son los únicos países de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. En el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político", aseguró el fiscal uruguayo. Recordó además que esta autonomía implica una nueva ubicación institucional del Ministerio Público y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada.

La llamada Declaración de Montevideo resaltó la autonomía del Ministerio público afirmando que es una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate contra la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades. Favorece además, la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados.

Por otra parte, durante la Asamblea, el procurador general de Brasil y presidente de la AIAMP, Rodrigo Janot Monteiro, renunció a su cargo. En su lugar, por consenso, asumió como nuevo presidente Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador.