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La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una vulneración de los derechos fundamentales sistémica y generalizada y es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado en diferentes ocasiones que la violencia contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas, afectando de manera desproporcionada a las mujeres por el hecho de serlo.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, que incluye "todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas la amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada".

La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto a la violencia contra las mujeres y para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de esta violencia en todo el mundo decidió en el año 1999 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente al movimiento feminista, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.

Con este motivo, la Ministra de Igualdad, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Ministra de Justicia, el Ministro del Interior y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la siguiente declaración:

 

"Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de España reitera su sólido y firme compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista, a través del fortalecimiento e implementación de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención y la respuesta integral frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, en el marco de la protección de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social y con especial atención al feminicidio, como máxima expresión de la gravedad de la violencia contra las mujeres en todo el mundo.

La violencia contra las mujeres constituye una vulneración estructural de los derechos humanos que hunde sus raíces en la discriminación sistémica e histórica patriarcal. España ha ratificado los principales tratados internacionales que obligan a los Estados a la adopción de medidas en la lucha frente a esta violencia, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Convenio de Estambul y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia. Este marco internacional se ha visto reforzado con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece entre sus metas la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.

Este año conmemoramos el vigesimosexto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que estableció una hoja de ruta internacional para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, orientando la lucha mundial contra la discriminación y los obstáculos al empoderamiento de las mujeres y señalando la violencia contra las mujeres como grave obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.

Se cumplen, además, 21 años desde la adopción de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que incorpora elementos fundamentales sobre la protección de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y la lucha contra la violencia de género, incluida la violencia sexual.

Otro de los acuerdos que es necesario reforzar y del que se cumplen 27 años de su firma es el Programa de Acción de El Cairo, sobre Población y Desarrollo (1994), en el que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, siendo estos derechos de los más vulnerados debido al acoso, la trata y la explotación sexual, como formas de violencia vinculada a la violencia de género.

Asimismo, en 2021 se han cumplido diez años de la firma del Convenio de Estambul y 16 años de la firma del Convenio de Varsovia.

Aniversarios que nos convocan a hacer balance de los avances, pero también de los desafíos globales y nacionales a los que se enfrenta la lucha por la igualdad de género y frente a la violencia contra las mujeres, en nuestro país y en plano internacional. El Gobierno de España trabaja en el ámbito internacional para seguir profundizando en los logros de estos años y para frenar los intentos de retroceso que persiguen las políticas negacionistas de las violencias machistas sostenidas por la ultraderecha representada en los parlamentos e instituciones nacionales e internacionales y los fundamentalismos globales; todo ello con el horizonte último de proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas y de alcanzar la plena igualdad.

Esta conmemoración coincide con el inicio de un período de recuperación, tras sufrir una crisis sanitaria global como consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Una crisis sanitaria global, con implicaciones en el ámbito social, económico y jurisdiccional, durante la cual la Organización de Naciones Unidas alertó del alarmante crecimiento de violencia contra mujeres y niñas e instó a los Estados a poner en práctica todas las medidas necesarias para garantizar la prevención y la protección contra la violencia de género en el marco de la pandemia.

En consecuencia, se promulgó el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, y se aprobó la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que establece medidas organizativas para el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la asistencia integral y la protección de las víctimas, considerados servicios esenciales, adaptando las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales a las que se ha visto sometida la ciudadanía durante la pandemia.

Tras la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo de 2021, y con motivo del repunte de asesinatos de mujeres en el ámbito de la violencia machista en pareja o expareja producidos a partir de dicha fecha, el Ministerio de Igualdad impulsó un proceso de revisión de las actuaciones institucionales de respuesta a la violencia de género, con especial atención a las medidas de prevención y detección de la violencia y de protección a las víctimas.

Este proceso, dirigido a reforzar las medidas institucionales para la erradicación de la violencia de género, en el marco del consenso que preside el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Convenio de Estambul y del ordenamiento jurídico en su conjunto, se concretó en el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, que el Consejo de Ministros y Ministras aprobó en su reunión de 27 de julio de 2021, a propuesta de la Ministra de Igualdad, la Ministra de Justicia, el Ministro del Interior, la Ministra de Sanidad y la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

A pesar de los grandes avances que estamos realizando como país –referente internacional en la lucha contra la violencia de género–, la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas sigue asolando nuestra realidad, consecuencia de una discriminación sistémica e histórica que para su eliminación necesita del compromiso inapelable de todas las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto.

En nuestro país, durante el año 2021, la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja se ha cobrado la vida de 37 mujeres y de cinco niños y niñas y ha dejado a 24 niñas y niños huérfanos por el asesinato de sus madres.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del año 2019 avanzaba un diagnóstico y unos datos que definen los retos que debemos abordar como Gobierno: una de cada dos mujeres residentes en España (57,3 %) de 16 o más años ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Sólo el 21,7 % de las mujeres que han sufrido violencia física, sexual, emocional o que han sentido miedo de alguna pareja, actual o pasada, lo ha denunciado. Y el 66,9 % de las mujeres que han vivido violencia machista no ha buscado ayuda formal tras lo sucedido.

Por último, esta encuesta pone de relieve que la socialización de género y los patrones machistas en la sociedad, además de ser el contexto de la violencia, dificultan que las mujeres hablen de la violencia y busquen ayuda. Los motivos por los que las mujeres viven la violencia en silencio, entre los que destacan, según el estudio, la vergüenza, el miedo a no ser creída y la infravaloración de la violencia, no son factores personales, sino, en su mayor parte, culturales y sociales, lo que nos conmina a trabajar sobre ellos.

También, otras formas de violencia machista relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, como la explotación sexual, la trata de mujeres y niñas, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, o la violencia online, están presentes en nuestra sociedad y reclaman una actuación inmediata. De igual manera todos estos tipos de violencia se ven exponencialmente agravados en los casos de discriminación por razón de discapacidad, edad, orientación sexual, o diversidad étnica y cultural, o de mujeres migrantes, mujeres en zonas rurales y trabajos en la economía informal o trabajadoras del hogar, entre otras interseccionalidades, y muy especialmente, en contextos humanitarios y situaciones de conflicto donde se incrementa enormemente el riesgo para las mujeres de sufrir las peores formas de violencia.

Finalmente, tampoco quedarán al margen de este esfuerzo institucional las víctimas españolas de violencia contra las mujeres que se encuentren en el extranjero, cuya situación de vulnerabilidad se ve en muchas ocasiones incrementada por la lejanía, el desarraigo y el desconocimiento y diferencia del entorno cultural en el que se encuentran.

Nos situamos ante una realidad innegable que nos interpela a todos y todas, a los gobiernos, las instituciones, el movimiento asociativo y a la sociedad en general, obligándonos a una acción decidida en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan. Es preciso intensificar los esfuerzos para combatir el machismo y condenar socialmente todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas.

El compromiso de este Gobierno en la lucha contra las violencias machistas se ha ido materializando a través de diferentes normas y políticas públicas que van consolidando un marco de protección y de garantía de derechos feministas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en la acción exterior y de cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria, donde la cooperación española ha sido líder en el apoyo a programas, proyectos e iniciativas contra la violencia contra las mujeres desde hace décadas. Cabe mencionar la Estrategia de Género en Desarrollo como instrumento para la aplicación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la que violencia es una de sus prioridades, así como la Estrategia humanitaria de la Cooperación española 2019-2026. España, además, es miembro de la iniciativa "Llamada a la Acción para la protección frente a la violencia basada en género en emergencias". Igualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aprobó el pasado 8 de marzo la Política Exterior Feminista, dando prioridad a lucha por la igualdad de derechos. La Cooperación Española ha ratificado también las Directrices SEAH, o Recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo para poner fin a la explotación, el abuso y el acoso sexual en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria: pilares clave de la prevención y la respuesta, aprobadas en 2019 en la OCDE.

En el plano nacional, destaca la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Ambas leyes contienen disposiciones que contribuyen al cumplimiento de varias medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y, en general, para la mejora de la situación de las personas menores que se encuentren en situaciones de violencia.

Para seguir avanzando en el logro de una sociedad libre de violencias machistas, el Gobierno de España promueve nuevas normas, como la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, cuya finalidad es impulsar la prevención, la atención integral, la protección, la justicia y la reparación frente a las diferentes formas de violencia sexual y la futura Ley integral contra la trata de mujeres.

Así mismo, el Gobierno prepara una Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas como instrumento de política pública, reflejo de la unidad social y política en torno a la lucha contra las violencias machistas, como política de Estado. La Estrategia Estatal se concibe como instrumento fundamental para articular la prevención y la respuesta más eficaz frente a todas las formas de violencia contra las mujeres previstas en los tratados internacionales, que preste especial atención a aquellas víctimas que encuentran obstáculos añadidos en su búsqueda de atención, protección o justicia, y que establezca cauces ágiles de coordinación interministerial y de cogobernanza entre los Gobiernos central, autonómicos y locales.

En el ámbito europeo, y en línea con la Estrategia para la Igualdad de Género de la Unión Europea, España seguirá impulsando la adopción de acciones y medidas concretas para eliminar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, buscando una armonización europea en la tipificación de delitos como el acoso sexual, la mutilación genital femenina o los abusos sexuales.

Además, España ha sido uno de los países impulsores de los GAP-UE, o "Plan de acción para la igualdad de género en la acción exterior y de cooperación" habiendo participado activamente en ellos, en especial en el III GAP actualmente en vigor, que fue aprobado el día de la no violencia del pasado año y en el cual la lucha contra la violencia constituye uno de sus pilares prioritarios.

Las políticas de homenaje y reconocimiento de las víctimas, así como el establecimiento de medidas de reparación son, así mismo, una prioridad para este gobierno.

En suma, el Gobierno reconoce que la lucha contra la violencia machista es una política central en la consecución de un país más justo, libre e igualitario, y envía un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista que ya no están entre nosotros y nosotras"