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​"Priorizamos este Protocolo como un compromiso institucional de Tolerancia Cero hacia el crimen de Feminicidio para erradicar la impunidad, asegurando la vida y la seguridad de nuestras mujeres, niñas y adolescentes". Con estas palabras, el máximo representante del Ministerio Público de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, presentaba, el pasado jueves en Santo Domingo, el Protocolo para la Investigación del Crimen de Feminicidio en la República Dominicana, realizado con la colaboración de la Cooperación Española.

En el acto, que se desarrolló en la sede del Ministerio Público dominicano, se hizo referencia  a la Guía de Recomendaciones para la Investigación Eficaz del Crimen de Feminicidio, a raíz de la cual se redactó el Protocolo para la investigación del feminicidio en la República Domicana.

El Protocolo para la Investigación del Crimen de Feminicidio en la República Dominicana está orientado a proporcionar a las autoridades judiciales dominicanas las líneas de actuación para mejorar la práctica de los operadores de justicia durante la investigación y el procesamiento penal de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

El documento fue elaborado en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de los Operadores de Seguridad del Sistema de Justicia Penal en República Dominicana, suscrito entre la Cooperación Española, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional.

A través de las pautas contenidas en el documento, se promoverá la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de los operadores del sistema de Justicia Penal dominicano, así como también se les proveerá de las herramientas que garanticen los derechos de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares, puntualizando su participación durante todas las etapas del proceso.           

COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La puesta en marcha de este Protocolo para hacer frente al feminicidio, implica  el fortalecimiento de la actuación coordinada en la persecución penal que lleva a cabo el Ministerio Público y los organismos auxiliares, mediante la capacitación especializada, y con énfasis en los operadores de seguridad.

El Protocolo está redactado conforme a la realidad procesal penal del país, y es el resultado de la coordinación interinstitucional entre la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Escuela Nacional del Ministerio Público, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, del Poder Judicial y la Policía Nacional, junto a los expertos de la Cooperación Española.

Para el coordinador de la Cooperación Española en el país, Carlos Cano, "el Protocolo es un instrumento orientado a visibilizar y fortalecer la labor investigativa de la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, como es el feminicidio. Subrayando que la violencia feminicida o femicida es la forma extrema de la violencia de género contra la mujeres, que atenta contra los derechos humanos de las mismas".

Según Cano, el protocolo ofrece la posibilidad a los técnicos judiciales de "poder contar con una investigación completa, con el que el sistema de justicia, y en particular el Ministerio Público, pueda contar con elementos de prueba más sólidos para mantener la acusación, lo que redundaría en la reducción de la tasa de impunidad para este tipo de delitos, erradicando de forma progresiva este tipo de hechos criminales".