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Por Antón Leis, director de la AECID.

 

La brecha financiera anual para la financiación del desarrollo sostenible ha pasado de 2,5 a 4 billones de dólares tras la crisis del COVID.

Ya no cabe duda de que el nivel de inversión necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 claramente supera los presupuestos públicos, los ingresos fiscales y la ayuda oficial al desarrollo (AOD), estancada en torno a los 200.000 millones de dólares anuales, a pesar de esfuerzos como el de España, que en los últimos cuatro años ha casi duplicado su AOD y fijado por ley el objetivo de alcanzar el 0,7% de su renta nacional bruta en 2030. Por ello, el sector privado está llamado a ser un actor clave del desarrollo como socio de los donantes y actores tradicionales, tanto como fuente de inversión sostenible como de conocimiento y de innovación, tan necesarias para promover sociedades y economías más justas, sostenibles e incluyentes.

 

"El sector privado aporta su conocimiento y experiencia, mejorando las capacidades gerenciales, operativas y comerciales de las entidades financiadas, generando un trasvase de conocimiento y formación para hacerlas más eficientes y competitivas"

 

Así, la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global aprobada este año con un amplio consenso político y social reconoce la importancia del sector privado como socio para el desarrollo y sienta las bases para que la Cooperación Española en general, y la cooperación financiera en particular, contribuyan a la potenciación de la inversión de impacto para el desarrollo, siguiendo la estela de nuestros socios europeos.

En este contexto, la Cooperación Española ha integrado plenamente entre sus herramientas para lograr los ODS a la inversión de impacto, entendida como aquélla que se realiza con la intención de generar un impacto social y medioambiental positivo y medible junto con un rendimiento financiero. En alianza con el sector privado, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se está desplegando una gran actividad para identificar oportunidades de inversión, con casos de éxito que han sido reconocidos por la OCDE entre sus manuales de buenas prácticas, como es el caso del Fondo Huruma.

El Fondo Huruma, creado por GAWA Capital en 2018, con el apoyo de COFIDES, la Unión Europea e inversores privados, en el que la participación de AECID ha sido fundamental, busca apoyar a los actores de la cadena de valor agrario en América Latina, África Subsahariana y Asia.

La productividad agrícola y la seguridad alimentaria tienen un efecto claro en la reducción de la pobreza, pero los modelos tradicionales de selección bancaria suelen dejar fuera del sistema a los pequeños agricultores, por considerarlos de alto riesgo crediticio. Con una aportación de 20 millones de euros de la Cooperación Española, 1 millón de COFIDES y 10 millones de cooperación europea -en primera pérdida-, se ha movilizado 90 millones de euros de inversores privados en tan solo 10 meses, beneficiando a 45.000 pequeños productores agropecuarios mediante el uso de mejores insumos y herramientas, la generación de mayores ingresos y la protección adicional a través de productos de ahorro y micro seguros, contribuyendo con todo ello al fortalecimiento de la cadena de valor agrícola.

 

"La inversión de impacto es una gran oportunidad para que Europa pueda hacer realidad su compromiso con el desarrollo sostenible. La Cooperación Española está plenamente implicada en ese empeño"

 

A través de los fondos de inversión de impacto inversores públicos y privados aúnan esfuerzos aportando su respectivo valor añadido. El inversor público desempeña un papel catalizador mediante la provisión del llamado capital “paciente”, que permite a los inversores privados actuar más allá de la responsabilidad social de la empresa en países y sectores donde existe un claro déficit de recursos financieros.

Por su parte, el sector privado aporta su conocimiento y experiencia, mejorando las capacidades gerenciales, operativas y comerciales de las entidades financiadas, generando un trasvase de conocimiento y formación para hacerlas más eficientes y competitivas. Con ello, recursos públicos y privados consiguen crear un efecto demostrativo de la rentabilidad de este tipo de inversiones, favoreciendo el apalancamiento de recursos adicionales procedentes del sector privado que persiguen combinar retornos financieros con impacto positivo en el desarrollo.

Conscientes del papel clave de la inversión de impacto, desde la AECID, a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), hemos comprometido hasta la fecha recursos por valor de más de 260 millones de euros a nivel global, en iniciativas destinadas a generar oportunidades para agricultores, jóvenes emprendedores, microempresas y organizaciones lideradas en su mayoría por mujeres y a promover modelos productivos más sostenibles social y medioambientalmente. La reforma en curso de nuestra cooperación, de la propia AECID y de nuestros instrumentos financieros nos permitirá avanzar en esta dirección.  

En el contexto europeo, la Unión Europea está impulsando las inversiones sostenibles en todo el mundo a través de la iniciativa Global Gateway, centrada en los sectores digital, energético y del transporte, así como para los sistemas de salud, educación e investigación. Entre 2021 y 2027, el llamado Equipo Europa, es decir, las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea, tenemos el objetivo de movilizar hasta 300.000 millones de euros de inversiones, para lo cual será fundamental la canalización de financiación privada para apoyar la triple transición social, verde y digital en nuestros países socios.

La inversión de impacto es una gran oportunidad para que Europa pueda hacer realidad su compromiso con el desarrollo sostenible. La Cooperación Española está plenamente implicada en ese empeño. Necesitamos desarrollar estrategias efectivas para atraer y apalancar capital privado, tejer alianzas con inversores y empresas españolas y de nuestros países socios, apoyar la creación de un ecosistema sólido de actores y apostar por la medición y evaluación para lograr el máximo impacto en el desarrollo. Tenemos mucho trabajo y muchos retos por delante, pero también enormes oportunidades para promover un mundo más justo, sostenible y próspero mediante la inversión de impacto. Este es el momento.