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A pesar de ser considerado un derecho humano, todavía hoy más de 2.000 millones de personas carecen de acceso a agua segura

San José de Upala, en la provincia de Alajuela, Costa Rica, es una zona eminentemente rural, situado a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, con una economía basada principalmente en la agricultura y en la que históricamente ha habido grandes dificultades para disponer de agua corriente. “Cuando llegaba el verano, se secaban los pozos y ya no había más de dónde”, explica Katia Segura, directora de la escuela Los Ledezma, situada en el poblado de El Delirio, perteneciente a San José de Upala.

Una realidad que confirma Indira Marissella, otra de las habitantes de la zona: “para lavar, nos tocaba ir a jalar agua a otro lado”, y para beber, “íbamos a un pozo que tiene una señora por allí”, al tiempo que señala en la distancia. Pero la mayoría de estos pozos eran poco seguros para la salud de la población, especialmente los niños y niñas. “No recibían ningún tratamiento, se trataba de agua que no podía ser considerada de consumo humano”, según explica Fabián Mayorga, presidente de la Asociación de Desarrollo Los Ledezma y de la ASADA de San José de Upala, que atiende a unas 2800 familias –más de 10.000 personas. Las ASADAS son, en Costa Rica, las Asociaciones Administradoras de Acueductos Vecinales, organizaciones en torno a las cuales los vecinos se organizan para llevar a cabo la administración, mantenimiento y operación de los sistemas rurales, cuya labor es clave para asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras.

UN TRABAJO CONJUNTO

El reto, en definitiva, era grande en San José de Upala y en otras zonas rurales del norte de Costa Rica, pero el agua ha llegado por fin a la población de esta región gracias al apoyo del Programa de agua potable y saneamiento en áreas rurales prioritarias, y zonas periurbanas del área metropolitana de San José, financiado por el Fondo del Agua de la Cooperación Española con más de 13 millones de euros. El objetivo era mejorar las condiciones ambientales y promover la salud de la población costarricense mediante la ampliación y rehabilitación de los servicios de agua potable y saneamiento.

Esta iniciativa, que ha ejecutado el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha permitido financiar sistemas de agua potable y saneamiento en diversas zonas: principalmente  áreas rurales como San José de Upala, Sarapiquí, Santa Fé de los Chiles, Malécu y Santa Rosa de Pocosol, al norte del país, “que representan a las poblaciones más marginadas del cantón y del país”, en palabras de Mayorga, y también, en espacios periurbanos del área metropolitana de San José, la capital del país. La intervención, que concluirá su ejecución a mediados de este año, ha mejorado ya la vida de más de 30.000 personas, llevando agua a sus hogares o ampliando los rudimentarios sistemas que ya había, y ha sido una muestra más de la importancia de la cooperación de diversos actores. Tal y como señalan los propios beneficiarios, “el acompañamiento de la Cooperación internacional ha sido clave, “nosotros como comunidad no hubiéramos podido solos”, concluye Aída Elizondo, presidenta del comité del agua.

NUEVAS ACTUACIONES

El acceso al agua segura está reconocido como un derecho humano desde el año 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, todavía hoy, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo siguen sin acceso seguro. Por ello, la Cooperación Española, a través de diversos mecanismos, como el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), trabaja para mejorar el acceso de las poblaciones más desfavorecidas al vital líquido, así como para impulsar una mejor gestión del agua a todos los niveles: desde el fortalecimiento de las instituciones del sector al apoyo de políticas públicas, el impulso a la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las instituciones. Desde sus inicios, el FCAS ha logrado, además, llevar servicios de agua o saneamiento a más de 4,3 millones de personas, un trabajo que continúa muy vivo gracias a las nuevas actuaciones puestas en marcha en el año 2023, que han supuesto donaciones por un valor de diez millones de euros para diversas iniciativas en América Latina y el Caribe.