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Para contribuir a mejorar el acceso de las personas indígenas a sus derechos, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) apoya la mejora del sistema de traducción e interpretación de la justicia en Chiapas desde 2022. En este estado mexicano, fronterizo con Guatemala, vive una población de casi seis millones de, de las cuales, casi un millón y medio hablan lenguas indígenas, y un 23% es monolingüe en estas lenguas (según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Esta iniciativa del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) a través del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI), cuenta con una financiación de 150.000 euros por parte de la Cooperación Española a través del Programa Indígena de la AECID. En un principio se trabajará en las cinco lenguas indígenas más habladas del estado de Chiapas, pudiendo en un futuro ampliarse a otros estados, otras lenguas indígenas y otros espacios. 

 

Los espacios de formación comenzaron en marzo de este año, y para ellos se tuvo en cuenta como asesores a personas que han sido autoridades tradicionales en las diferentes comunidades indígenas del Estado. como representantes de las diferentes lenguas para la elaboración y depuración de los vocabularios jurídicos adaptados a estas lenguas y su cultura. 

A corto plazo, en el marco del proyecto se formará a 25 intérpretes traductores en el Estado chiapaneco; se elaborará un vocabulario multilingüe intercultural en materia penal y civil y una aplicación móvil en términos jurídicos, K´asesel Kóp. El proyecto trabaja bajo el principio de comunidades de aprendizaje, para socializar la realización del trabajo y sus frutos, con el objetivo de poner en valor los saberes diferenciados para lograr un diálogo intercultural pleno.

Plurilingüismo en México

En México coexisten 69 lenguas nacionales; 68 indígenas y el español, este último, lengua vehicular de la administración central y, por extensión, de su sistema judicial, a través del carácter plurinacional del país reconocido por la Constitución mexicana. La norma fundamental concreta, además, que “en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente [los pueblos indígenas] se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales (…)” y que tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

Pero en la realidad, esto no siempre sucede así. Y este hecho supone un impedimento al acceso pleno a la justicia para gran parte de la población indígena mexicana, que tiene que realizarse en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, pero que no es así cuando un porcentaje de estos desconoce o no tiene los conocimientos suficientes de español, la lengua en que se imparte la justicia, en el sistema judicial de México (al igual que sucede en la mayoría de los países hispanoamericanos, donde se viven situaciones similares).