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El 3 de mayo de 2016 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 2286 sobre protección de la misión médica en conflictos armados. Esta resolución, que fue liderada por España junto con Nueva Zelanda, Japón, Uruguay y Egipto, se derivó del número creciente de ataques que lleva años sufriendo el personal sanitario humanitario y sus instalaciones. Hechos que hacen peligrar tanto su vida como la protección y el derecho de asistencia de las personas a las que atienden.
Tras 5 años de la aprobación de la resolución, la situación a la que se enfrenta el personal sanitario en contextos humanitarios en zonas de conflicto, tanto internacional como local, sigue siendo extremadamente complicada, enfrentándose a ataques dirigidos, asesinatos, secuestros y demás tipos de violencia.

Adicionalmente, la pandemia de la COVID-19 ha venido a empeorar una situación ya complicada. Cuestiones como la frustración, falta de información y el estigma han incrementado más aún el número de ataques contra la misión médica.

Las consecuencias de estos actos derivan en una doble vertiente: personal sanitario humanitario e instalaciones médicas en peligro y derecho a la salud de las poblaciones en situaciones de conflicto, negado.

Por ello, el objetivo de esta actividad es promover la reflexión sobre el impacto de la aprobación de la Resolución 2286 (2016) sobre la protección de la misión médica en conflictos armados.

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