​​Ayer tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo la Audiencia Pública "Empresas europeas en territorios indígenas de América Latina: desde el conflicto al entendimiento a través de la consulta previa", organizada por el Parlamento Europeo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de la ONU. En el encuentro se dieron cita más de 90 asistentes entre representantes de la sociedad civil, de la Organización Internacional de Empleadores, Embajadas latinoamericanas acreditadas en Bruselas y funcionarios de la Comisión y del Parlamento Europeo.

Durante la Audiencia pública se expusieron recomendaciones sobre el papel que la Unión Europea (UE), sus instituciones, especialmente el Parlamento Europeo, y sus Estados Miembros puede llevar a cabo en favor de iniciativas que permitan avanzar en la implementación efectiva del derecho a la consulta previa a pueblos indígenas. Al respecto, se tuvieron en cuenta medidas como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y el respeto por parte de las empresas europeas a la debida diligencia empresarial y a los derechos humanos, como seña de identidad de los valores que la UE defiende y promueve dentro y fuera de sus fronteras.

La presencia de empresas europeas en territorios indígenas en América Latina ha proliferado en las últimas décadas de manera paralela al desarrollo de estándares internacionales de protección de derechos de los pueblos indígenas. De la misma manera el compromiso de la UE con los derechos de los pueblos indígenas y con la integración y respeto de los derechos humanos en la actividad empresarial ha seguido evolucionando de manera coherente con su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos en el mundo y la protección de grupos étnicos en muchas ocasiones en condiciones de "vulnerabilidad" al no respetarse sus derechos específicos y su acceso a los beneficios (servicios sociales básicos) y al desarrollo de los Estados a los que pertenecen

El Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de la ONU y la Agencia Española de Cooperación (AECID) llevan años comprometidos con el respeto los derechos de los pueblos indígenas, con la promoción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y con la iniciativa del Pacto Mundial.

Desde 2014 colaboran de manera conjunta en  en la promoción de la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, generando espacios de diálogo tripartitos con representantes indígenas, gubernamentales y de empresas que han permitido elaborar un mapa interactivo sobre procesos de consulta previa en marcha, cerrados y estancados y una batería consensuada de indicadores de consulta acordes con los estándares internacionales de respeto a los derechos de los pueblos indígenas.  

Durante la Audiencia, la jefa del departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur y coordinadora del Programa Indígena de la AECID, Eva Buendía, valoró muy positivamente los últimos resultados conseguidos en los diálogos tripartitos –con representantes indígenas, gubernamentales y empresariales- mantenidos en los 5 talleres regionales realizados en los Centros de Formación de la AECID de Cartagena de Indias y La Antigua. Asimismo, puso en valor los 10 talleres nacionales mantenidos con las redes locales del Pacto Mundial con una creciente participación de empresas españolas comprometidas con el desarrollo de proyectos de beneficio compartido con las comunidades indígenas en cuyos territorios trabajan con respeto a la consulta previa, la cual, según Buendía, ha de ser garantizada por los Estados y no delegada en terceros como las empresas.  

Estos diálogos tripartitos han permitido avanzar en la construcción de confianza entre las partes y un entendimiento mayor de los derechos y obligaciones de cada uno de los actores para garantizar el respeto al "consentimiento previo, libre e informado" recogido en el Convenio 169 de la OIT ratificado por España, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el encuentro, de cuya apertura se encargaron Ramón Jáuregui, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y Beatriz Becerra, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa del Parlamento Europeo, participaron asimismo Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo del Pacto Mundial de la ONU; Vicky Tauli Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y líder Indígena de Filipinas; Álvaro Pop, Miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, Secretario Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígena de América Latina y el Caribe (FILAC) y líder Indígena guatemalteco; Mikel Berraondo, experto en derechos humanos y pueblos indígenas; e Inés Elvira Andrade, Jefa de la División de estándares y estrategia de Responsabilidad Corporativa de Cerrejón de la empresa minera colombiana Cerrejón. Tras las ponencias, la Audiencia abrió un espacio de diálogo con los asistentes.