​Los recursos hídricos -y la gama de servicios que prestan- juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

El derecho humano al agua potable y al saneamiento, indispensable para una vida digna, es una de las grandes prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. Nuestro país ha desempeñado un papel fundamental en el reconocimiento de dicho derecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en el desarrollo de su promoción y protección.

En 2006, España y Alemania solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la preparación de un estudio sobre el alcance y contenido de las obligaciones de los Estados en relación con el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento, en virtud de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos existentes. Dos años más tarde, ambos países presentaban una primera resolución en el Consejo de Derechos Humanos, por la que se creó la figura de una “experta independiente”, que en 2009 redactó un primer informe anual que clarificaba el contenido jurídico del derecho al saneamiento. En 2013, la Asamblea General aprobó por consenso la resolución 68/157, que suponía la consagración definitiva de su reconocimiento por toda la comunidad internacional, sin excepciones.