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El proyecto prestará asistencia técnica a la Autoridad Tributaria de Mozambique y contribuirá al fortalecimiento de las instituciones competentes del país

​Durante los días 26 y 27 de marzo se ha celebrado en la Casa de América, el VIII Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, con la presencia  del secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID), Gonzalo Robles Orozco. Organizado en esta ocasión por la Consejería de Asuntos Sociales, se ha preparado con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas y ha contado con la presencia de representantes de la AECID, universidades, la FIIAPP, y expertos del mundo académico.Consciente de sus retos, las CCAA han realizado esta reflexión conjunta para tratar de identificar y poner en marcha los mecanismos que permitan una mayor coordinación y eficacia de la Ayuda Oficial al Desarrollo procedente de todos los actores del sistema de la Cooperación Española.Entre los temas que se han tratado, destaca: Las Comunidades Autónomas y la Acción Humanitaria. Las Universidades Públicas y la cooperación al desarrollo. El proceso de armonización administrativa. La Educación para el Desarrollo.

​En el marco del Programa MASAR, programa regional de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Mundo árabe, se está ejecutando el proyecto de “Fortalecimiento institucional y modernización de los procedimientos de funcionamiento del sistema judicial y medicina legal en Argelia”, con el fin de apoyar a este país a avanzar hacia un sistema judicial independiente y democrático que garantice el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.A través de este proyecto, continuación del trabajo realizado en una primera fase por la Escuela Superior de la Magistratura, también financiado por la Agencia Española de Cooperación (AECID), se están fortaleciendo aspectos formativos en materia de ciencias forenses destinadas a jueces, así como al resto de actores que integran la cadena de investigación criminal.Fruto de estos trabajos se presentó a primeros de marzo en Argel el Manual de Medicina Legal Forense a más de 600 participantes de la Escuela Superior de la Magistratura de Argelia. Dicho Manual, editado en lengua árabe, fue presentado por Juan Manuel Cartagena, especialista en Medicina Legal y médico forense de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, coordinador y autor del mismo. El doctor Cartagena se ha referido a la Medicina Legal como ciencia de apoyo de los magistrados en procesos judiciales en los cuales se plantean cuestiones de índole médica o biológica, consecuencia de la mayor demanda de peritajes por parte de los juristas, considera que la prueba pericial forense, objetiva, con fundamentos científicos rigurosos, y como complemento de la prueba testifical, facilita el desarrollo de procesos judiciales eficaces, eficientes y justos.Con este manual no se pretende que los Magistrados aprendan Medicina Legal, ya que su aplicación corresponde a los médicos en esa función, sino que conozcan las posibilidades que les puede ofrecer la Medicina Legal en sus diferentes vertientes con el fin de que puedan solicitar los informes periciales con un enfoque más directo y valorar lo que esta ciencia puede ofrecerles.

​Durante los días 26 al 30 de enero de 2015 ha tenido lugar en Barcelona la celebración del curso sobre “Formación en servicios penitenciarios”, organizado por la Agencia Española de Cooperación (AECID) junto al Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada (CEJFE) de Barcelona, y financiado por la Cooperación Española en el marco del Programa Masar de la AECID. Este curso forma parte del Programa de fortalecimiento de las capacidades de los agentes de prisiones-RECAP, aprobado en el año 2012 en el marco del Programa Masar, programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el Norte de África y Oriente Próximo. El fomento de la eficacia y eficiencia del Sistema Penitenciario de Túnez es una de las prioridades del Ministerio de Justicia de Túnez en el marco del proceso de transición democrática que está viviendo el país. Se persigue la mejora de los servicios que presta el Ministerio tunecino a través de la formación con un enfoque de derechos humanos, y de la utilización de modernas técnicas de actuación en base a la experiencia española. El curso ha estado dirigido a 20 personas vinculadas al mundo penitenciario, especialmente funcionarios de prisiones del Ministerio de Justicia tunecino, que durante cinco días han conocido el modelo penitenciario de nuestro país. Durante las jornadas, expertos españoles explicaron la estructura organizativa de los servicios penitenciarios en España y la formación del personal penitenciario en este ámbito, además de abordar diversos aspectos considerados prioritarios, entre otros, el proceso de selección del personal penitenciario, la formación inicial y la formación continua del personal, así como asuntos relativos a la formación de los formadores y al papel de la formación como factor de cambio en la transición democrática. La formación teórica se completó con visitas a dos centros penitenciarios para conocer su funcionamiento e instalaciones. Al final de las jornadas, todos los participantes se mostraron altamente satisfechos con el resultado, y expresaron su deseo de que continúe la colaboración emprendida.

APIA concentrará su actividad en los países considerados prioritarios por la Cooperación Española en la zona y en las principales organizaciones regionales como la Unión Africana, UNECA y CEDEAO, con las que la Cooperación Española trabaja en favor del desarrollo. El nuevo programa ha sido presentado hoy por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, junto al Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, en la sede de la Agencia Española de Cooperación (AECID)

En las sesiones de trabajo se presentarán dos herramientas prácticas para facilitar la labor de las empresas españolas que emprendan un proyecto en territorios habitados por pueblos indígenas en América Latina y Caribe.

En los últimos años se han desarrollado los proyectos de “Desarrollo Local y Fortalecimiento Institucional de los Municipios de Angola”; el plan de formación en Derechos Humanos para funcionarios de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, funcionarios de otros Ministerios y organizaciones de la sociedad civil angoleña, y la Estrategia Nacional de Educación en Derechos, que ha consolidado en Angola una cultura de Derechos Humanos.

El secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo suscribió ayer la planificación conjunta para 2015 de la Cooperación Española y los organismos iberoamericanos de Justicia, Juventud y Seguridad Social.

El encuentro, que ha tenido lugar hoy en Trujillo (Cáceres), ha reunido a CCAA, entidades locales, representantes de ministerios, FEMP y AECID

​“La autonomía de los fiscales es fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado”, señala la declaración de cierre de la XXII Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos que tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre y que contó con la participación de 17 países.La asamblea anual de la AIAMP, una entidad sin fines de lucro fundada en Brasil en el año 1954 e integrada en la actualidad por 21 Ministerios Públicos y Fiscalías de Iberoamérica, se celebró por primera vez en Uruguay, durante dos días en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Este encuentro entre representantes de las fiscalías generales de 17 países de Iberoamérica pretendió estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad e intercambio de experiencias profesionales, así como determinar estrategias comunes para enfrentar problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y el tratamiento de víctimas y de testigos.En su apertura, el embajador español en Uruguay, Roberto Varela señaló su expectativa para que “esta asamblea avance en temas estratégicos para el bienestar de las personas y especialmente de quienes deben ser amparadas por una justicia universal, equitativa, eficiente y autónoma”. El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, el fiscal de corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz Almeida y el ministro uruguayo de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, completaron las intervenciones inaugurales durante la mañana del jueves 6 de noviembre.Al cierre de las dos jornadas, el fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz, y representantes de varios países participaron de una conferencia de prensa, en la que comunicaron los resultados obtenidos en la XXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)."Uruguay y Argentina son los únicos países de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. En el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político", aseguró el fiscal uruguayo. Recordó además que esta autonomía implica una nueva ubicación institucional del Ministerio Público y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada.La llamada Declaración de Montevideo resaltó la autonomía del Ministerio público afirmando que es una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate contra la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades. Favorece además, la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados.Por otra parte, durante la Asamblea, el procurador general de Brasil y presidente de la AIAMP, Rodrigo Janot Monteiro, renunció a su cargo. En su lugar, por consenso, asumió como nuevo presidente Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador.