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​Por Elena Bravo Taberné y Alejandro Alvargonzález Largo

El 19 de agosto de 2003 un camión suicida se inmolaba contra el hotel Canal de Bagdad, sede de Naciones Unidas en Irak. El atentado, que se cobraría la vida de 22 personas, ocurría tan solo cinco días después de la creación de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para este país. Una misión que, a petición del propio Gobierno local, pretendía facilitar la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y su capacidad para proveer servicios básicos a la población.

Hoy, 19 de agosto de 2021, conmemoramos, como desde hace 12 años, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Hoy recordamos que existen 235 millones de personas en situación de necesidad y miles de actores anónimos que se suman a su lucha para alcanzar los casi 30 millones de euros que, según Naciones Unidas, son indispensables para satisfacer las necesidades más acuciantes.

Ahora, cuando el planeta ha quedado sumido en una crisis devastadora, fruto de una pandemia que no deja de sorprendernos ola tras ola, la acción humanitaria ha cobrado un desafortunado protagonismo. Lamentablemente, la pandemia ha exacerbado las necesidades de los países del sur y debilitado la capacidad de los donantes.

La covid-19 ha desencadenado la recesión global más profunda desde los años treinta del siglo pasado: la pobreza extrema ha aumentado por primera vez desde hace 22 años, el desempleo se ha incrementado de forma dramática y sus efectos en la educación han repercutido, en mayor o menor medida, en el 91% de los estudiantes de todo el mundo. En paralelo, la intensidad de los conflictos se ha incrementado, con un efecto particularmente cruel sobre civiles y en especial, sobre los niños y las niñas; crece la inseguridad alimentaria y la hambruna, la violencia sexual y, fruto del cambio climático, proliferan los desastres naturales.

Ante una crisis de esta magnitud, con el lógico foco en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tendemos a olvidarnos de quienes, entre bastidores, en la sala de máquinas y lejos de los centros de poder sufren las dificultades de asistir a las personas más desfavorecidas. Y es que allí donde, ante situaciones humanitarias, aparece siempre un puñado de hombres y mujeres dispuesto a darlo todo por un principio llamado solidaridad.

A darlo todo en sentido literal, pues muchos son quienes, como las 22 víctimas del Hotel Canal hace 18 años, terminan perdiendo hasta la vida. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSD), financiada por USAID (Agencia Americana de Cooperación), en 2020 se produjeron 276 ataques a personal humanitario, causando 475 víctimas, 108 de ellas, mortales.

Pero este drama no es impersonal ni una mera cifra estadística, tiene nombres y apellidos. Hace algo más de un mes recibíamos la dramática noticia del fallecimiento de María Hernández, trabajadora de Médicos sin Fronteras en Etiopía, asesinada junto a sus dos compañeros etíopes, Yohannes Halefom y Tedros Gebremariam, mientras acudían a prestar asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto en la región de Tigray.

Pero más allá de los desenlaces más aciagos, la vida del personal humanitario encuentra mil y una piedras, pedruscos o auténticos muros en el camino. Son frecuentes las detenciones y el hostigamiento de las autoridades hacia los trabajadores humanitarios, las dificultades burocráticas y administrativas, las restricciones a sus movimientos, el empeoramiento del acceso y la falta de seguridad en la que desarrollan su labor. Por si fuera poco, la pandemia y las cada vez más recurrentes catástrofes naturales no paran de exacerbar las necesidades.

Es difícil conocer el número exacto de trabajadores y las trabajadoras del sector humanitario debido a varios factores como el carácter temporal de la asistencia en emergencias, a la incorporación a las filas humanitarias de miembros de muy distintos sectores que deciden dedicar parte de su actividad profesional a la asistencia humanitaria o su ubicación, en no pocas ocasiones, en los contextos más difíciles donde carecemos de datos. Pero sí sabemos que desarrollan su labor en organismos internacionales, en ONG o en agencias de cooperación como la AECID, o aquellos que lo hacen desde sus órdenes religiosas y que están presentes en 95 países del mundo y que son, como María, en su mayoría mujeres.

Desde marzo 2020, somos testigos de cómo los efectos de la pandemia, el confinamiento y las frecuentes interrupciones en los medios de transporte, han puesto aún más obstáculos a un acceso que ya de por sí era complicado. Ahora, cuando Naciones Unidas nos alerta de que más de 235 millones de personas atraviesan una dura situación de necesidad, cuando el acceso sigue tan restringido y cuando la pandemia nos sitúa ante un reto global, la asistencia humanitaria se vuelve imprescindible.

Desde la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID queremos reconocer la labor de todas estas personas y decirles que seguiremos esforzándonos para que puedan desempeñar su labor. Mantenemos nuestro compromiso con la defensa de su seguridad, con especial preocupación por las misiones médicas y con la protección de la educación en los países en conflicto. Seguiremos haciendo incidencia en los foros internacionales. En definitiva, trataremos de aportar nuestro pequeño granito de arena para que quienes velan por la alimentación, la salud, la educación y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, puedan trabajar dignamente y en condiciones de seguridad.

Hoy, 19 de agosto, queremos honrar la labor de tantos compañeros y compañeras que dedican sus vidas a la asistencia humanitaria.

Elena Bravo Taberné y Alejandro Alvargonzález Largo son, respectivamente, jefa de la Unidad Prevención y Evaluación, y jefe de Servicio de Diplomacia Humanitaria en la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).