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​Por Tíscar Ortega. Marruecos

 

Recién sopladas las velas del 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, primer instrumento en reconocer la educación como un derecho, deberíamos celebrar todo lo avanzado a nivel mundial. Prácticamente todos los países se han integrado en el movimiento en pro de la educación para todos y han hecho los esfuerzos necesarios para inscribirlo en el más alto nivel de sus órdenes jurídicos.

La educación no es solo acceso al conocimiento, sino el derecho a convertirse en ciudadano o ciudadana, el aprender a encajar las diferentes piezas del puzle que nos hace motores de desarrollo, el hilo conductor para el ejercicio de otros derechos humanos. En definitiva, la educación es un bien público, esencial para la paz, la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible.

En las últimas décadas, la comunidad internacional ha ido adoptando una agenda común en pro de la educación para todos que está dando sus frutos: decenas de millones de niños han podido acceder a la escuela y se ha reducido a la mitad el número de ellos no escolarizados desde el año 2000. La paridad progresa igualmente, en especial, en la enseñanza primaria.

No obstante, los esfuerzos se han concentrado en el acceso a la educación, descuidando cuestiones tan importantes como la calidad y la inclusión. Según el último informe de seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, unos 260 millones de niños, adolescentes y jóvenes (el 17% del total mundial), no asiste a la escuela, lo que muestra la magnitud de la exclusión. En todo el mundo, la discriminación se basa en motivos de género, lejanía, niveles de ingresos, discapacidad, origen étnico, lengua, migración... La pandemia de la covid-19 ha añadido nuevos niveles de exclusión.

La ambiciosa Agenda 2030 que, en materia de educación, se traduce en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, reafirma la importancia del derecho a la educación y el compromiso continuo para finalizar una agenda inconclusa, reforzándola en equidad e inclusión.

La responsabilidad principal para hacer efectivo este derecho recae principalmente en los gobiernos y es aquí donde entra en juego el papel de la cooperación internacional y el compromiso de los Estados para ayudarse mutuamente.

Esta prioridad de hacer efectivo el derecho a la educación tiene su ejemplo concreto en el trabajo en el terreno. Evoluciona y se adapta, transformándose a la vez que nuestros países socios avanzan en la consecución de los objetivos de desarrollo. Ese es el caso de la Cooperación Española en Marruecos, donde la educación forma parte de las prioridades de trabajo desde sus inicios.

Marruecos ha realizado esfuerzos importantes. Como recoge en su segundo examen nacional voluntario sobre la realización de los ODS, ha ampliado el presupuesto dedicado a educación en un 10% entre los años 2016 y 2020, ha puesto en marcha el programa nacional para el desarrollo de la educación preescolar y ha conseguido alcanzar una tasa del 99% de escolarización en enseñanza primaria de niños de 6 a 11 años.

Aun así, el sistema educativo sufre de un conjunto de debilidades, que persisten y aumentan a pesar de las reformas que ha conocido el sector a lo largo de las dos últimas décadas. En torno a 200.000 alumnos abandonan la escuela cada curso. Esta situación, que afecta principalmente a las clases sociales más desfavorecidas, reproduce y amplía la desigualdad en las oportunidades de los más jóvenes. Detrás de estas cifras se esconden las caras de adolescentes de zonas rurales, migrantes y con discapacidad.

El pasado 13 de marzo se cerraron las puertas de los centros educativos de todo el país. Más de nueve millones de marroquíes estaban escolarizados en ese momento. Durante tres meses de confinamiento, Marruecos, como el resto de los países, tuvo que adaptarse improvisada y forzosamente a una formación a distancia que no han podido seguir más de un cuarto de los alumnos de primaria, según recoge una encuesta del Haut Commissariat au Plan y UNICEF.

En este contexto, cobran aún más importancia las líneas de trabajo de la Cooperación Española en el país, que desde hace unos años se concentran en lo que sin duda es el mayor obstáculo a la realización del derecho a la educación: el abandono escolar y sus consecuencias.

Desde la creación del departamento de educación no formal, el Ministerio de Educación marroquí ha contado con el apoyo de la Cooperación Española a través de todos sus instrumentos disponibles: financia a la UNESCO para contribuir con apoyo técnico especializado, realiza convenios con ONG para el Desarrollo españolas especializadas en educación y formación profesional y, sobre todo, contribuye de forma directa a los dos programas existentes: la escuela de la segunda oportunidad y el programa de apoyo.

Mientras la escuela de la segunda oportunidad está destinada a adolescentes de 13 a 18 años, no escolarizados o desescolarizados, y refuerza las capacidades de los adolescentes para su reintegración en el sistema escolar o con una formación profesional para la incorporación a la vida activa; el programa de apoyo escolar, acompaña con un enfoque preventivo a alumnado, profesores y familias para poner freno al abandono escolar.

Desde un enfoque social y educativo, ambos se llevan a cabo con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil a través de modalidades de aprendizaje flexibles e individualizadas que se adaptan a cada adolescente.

En este difícil año escolar estos programas han podido reabrir sus puertas con 300 plazas adicionales, que irán aumentando hasta alcanzar las 1.000 en los próximos tres años con apoyo español. Ampliarlos y adaptarlos a las necesidades especiales de las adolescentes de zonas rurales, con mayor riesgo de abandono; a las de origen migrante y a las de aquellas personas en situación de discapacidad, es nuestra actual contribución hacia la inclusión; haciendo posible que la escuela no quede atrás para nadie.

Tíscar Ortega Nogales es responsable de proyectos de educación y formación profesional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Marruecos.