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POR BEATRIZ SIERRA SANTOS

"Tienes todas las posibilidades del mundo en tus manos", escuchaba la pequeña Fadumo en el periplo de su infancia entre Kenia y Somalia. Los conflictos locales obligaron a su familia a desplazarse constantemente, impidiéndole ir a la escuela y demorando su alfabetización hasta los catorce años. Siempre tuvo muy presente el mensaje de su madre, una emprendedora analfabeta, sabia y resiliente. Durante su exilio en Finlandia fue la primera refugiada somalí en cursar estudios de posgrado. En 2016 Fadumo Qasim Dayib fue la primera mujer candidata a la presidencia de Somalia. 

Esta historia constituye un hermoso ejemplo de la aplicación del principio de no dejar a nadie atrás, que debe ser invocado para los 426 millones de niños y niñas que viven en zonas de conflicto, 160 en conflictos de alta intensidad, con un 30% menos de oportunidades de completar la educación primaria y un 50% menos de completar la secundaria.  

¿Cómo asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas cuando en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad la educación es, generalmente, el primer servicio interrumpido y el último reanudado?  

Según la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), entre 2015 y 2019, en 93 países, ejércitos, policía civil, otras instituciones de seguridad y grupos armados no estatales perpetraron más de 11.000 ataques contra instalaciones educativas, estudiantes y docentes.  

Más de dos tercios fueron incendios deliberados, explosiones, ataques aéreos, terrestres, redadas o saqueos de escuelas. En 8.300 casos se trató de agresiones directas contra la comunidad educativa, incluyendo reclutamiento y violencia sexual. En 34 países las escuelas fueron convertidas en bases, cuarteles, puestos de tiro, armerías o centros de detención. 

En 21 países alumnas y profesoras fueron blanco directo, en las escuelas o en el camino hacia ellas: bombardeos de escuelas de niñas, secuestros, violaciones, acoso...Traumas, miedo, inseguridad y estigmatización las alejan de la educación -a veces para siempre- exponiéndolas a otras graves formas de violencia de género. 

Durante la pandemia de la Covid-19 los ataques no han cesado. Yemen, la República Democrática del Congo, Siria, Afganistán, Palestina, Camerún o Somalia son algunos de los lugares donde estudiar es todo un reto, especialmente para las niñas.  

En este escenario, la aprobación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, en 2015, constituyó un esperanzador punto de inflexión. Actualmente es el mayor compromiso intergubernamental en la materia. Con la reciente incorporación de México, son ya 108 los Estados adheridos, que adoptan y se comprometen a incorporar a la política nacional y a sus marcos operativos las Directrices para la protección de escuelas y universidades contra el uso militar durante los conflictos armados, seis orientaciones prácticas para ayudar a las partes en conflicto a reducir el uso de instalaciones educativas con fines militares y a mitigar el impacto de esta práctica. 

Ni la Declaración ni sus Directrices son vinculantes jurídicamente, sino que pretenden inspirar un cambio voluntario de comportamiento. No es una fórmula infalible ni exclusiva, hay que transformar cuestiones estructurales, pero el leve descenso de incidentes (1.700 menos respecto al lustro anterior) y la proliferación de buenas prácticas en los países adheridos, indican que es un instrumento eficaz, que modifica conductas, normas y pensamientos.  

En Noruega o Argentina (países impulsores de la Declaración), los manuales militares están siendo adaptados a estos compromisos. Nigeria está promoviendo la capacitación y sensibilización de los mandos militares y la rehabilitación de las escuelas dañadas. Mali ha aprobado una instrucción militar que obliga a abandonar las escuelas ocupadas. La directiva emitida por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) penaliza la ocupación de las escuelas en los mismos términos que un ataque. En Afganistán, el Plan Estratégico Nacional de Educación 2030 y los Marcos de desarrollo y paz incorporan la seguridad escolar como elemento central. 

España se ha adherido a esta iniciativa con rotundidad y con un rol muy activo, especialmente a partir de la organización de la Tercera Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras (Palma, 2019). En cumplimiento del compromiso adquirido entonces, junto a la GCPEA, y con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) organizó en febrero y marzo de este año el primer Seminario internacional sobre la implementación de la Declaración.  

Más de 90 representantes de los ministerios de Educación, Defensa y Exteriores de 20 estados invitados como Vietnam, El Salvador, Líbano o Níger, además de Noruega y Argentina, fundadoras de la Declaración, y una preciada representación de la sociedad civil e instituciones académicas, compartieron un espacio de trabajo virtual, orientado a la reflexión conjunta, el análisis de experiencias y buenas prácticas y la identificación de los principales desafíos.

Entre los retos, negociar incansablemente, al más alto nivel, para lograr que la Declaración sea el marco de actuación de todos los Estados, sin excepción. Simultáneamente, deberán desarrollarse estrategias regionales, integrando a autoridades locales, organizaciones de base, comunidades y a todos aquellos actores con impacto en la protección de la educación en un determinado territorio. 

Igualmente, se concluyó que la respuesta tras un ataque deberá complementarse con sensibilización, información y con sólidos sistemas de recogida de datos que puedan nutrir los mecanismos de prevención, mitigación y rendición de cuentas. En esta estrategia, el enfoque de género, edad y diversidad es esencial. 

Se enfatizó también el rol de la rendición de cuentas como elemento disuasorio frente a la impunidad. Aún son pocos los casos que llegan a los tribunales competentes. Los Estados deberán impulsar con mayor determinación la investigación eficaz, enjuiciar adecuadamente a los perpetradores y garantizar la aplicación de medidas sancionadoras. 

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que acogerá Nigeria en octubre, será buen momento para analizar estas conclusiones y trazar los siguientes pasos en el camino hacia una educación inclusiva y segura en los contextos más frágiles del mundo.  

Los Estados tienen la obligación de aprovechar el impulso político y el consenso en torno a esta agenda para articular medidas concretas que permitan salvar vidas, garantizar el derecho a la educación y proteger millones de sueños por cumplir.

Beatriz Sierra Santos es politóloga y consejera técnica de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)