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Más de una decena de redes de asociaciones de mujeres hondureñas fortalecieron en los últimos dos años sus conocimientos sobre trata de personas, derechos y rutas de acceso a la justicia ante el delito de trata de personas en Honduras.

Además, han atendido a cientos de personas víctimas de trata en el país durante el tiempo en el que se ha llevado a cabo el proyecto Organizaciones de mujeres actuando contra el delito de la trata de personas en Honduras; una iniciativa impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por Asociación Calidad de Vida en alianza con la ONG OXFAM.

El proyecto finalizaba ayer en un encuentro en el que se vertieron estos y otros datos que dan cuenta de la necesidad de su planteamiento: promover la prevención, protección y acceso a la justicia ante el delito de la trata de personas.

Maria Castro, responsable de programas de la AECID, recordó que "Honduras es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, y es un puente de flujo migratorio" y que "el informe del secretario general de las Naciones Unidas señala la feminización de la pobreza como un factor primordial de vulnerabilidad a los delitos de trata y explotación conexa."

Además, Castro destacó el impulso que desde la Cooperación Española se ofrece a acciones y procesos orientados a mejorar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y niñas, para que puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia, en apego al objetivo de desarrollo sostenible número cinco, igualdad de género, y acorde a los instrumentos internacionales. 

Los participantes en el acto de cierre destacaron que el proyecto, que ha atendido integralmente a mujeres víctimas de trata, ha tenido que sortear los obstáculos administrativos y de movilidad que generó la pandemia por la COVID-19. Pese a esto, la iniciativa ha conseguido fortalecer los conocimientos sobre trata, derechos y rutas de acceso a la justicia de 11 redes de mujeres ubicadas en Francisco Morazán (Valle de Ángeles, Santa Lucía y Distrito Central); Choluteca (El Triunfo, San Marcos de Colón y Choluteca); y Valle (Amapala y San Lorenzo).

Por otro lado, gracias al proyecto, se plantearon recomendaciones al Estado de Honduras para el cumplimiento de las normas mínimas para la reducción del delito de trata de personas y la reducción de los niveles de impunidad ante el enjuiciamiento de tratantes.

Igualmente, se trabajó en el fortalecimiento de instituciones que procesan casos de trata de personas, centros de protección integral para las víctimas, redes de mujeres y mecanismos de denuncia. Incluso se planteó la necesidad de armonizar el derecho interno positivo con los instrumentos internacionales que contienen todas las modalidades de acciones típicas y antijuridicas subsumidas en el delito de la trata de personas y que aún no están contempladas en la normativa interna hondureña.

Al acto de clausura asistieron 40 mujeres de las diferentes redes participantes en el proyecto, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), la Fiscalía contra la trata, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la unidad de género de la Policía Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la embajada de Estados Unidos en el área de DDHH, Ciudad Mujer, organizaciones de cooperación internacional, ONG's locales, decanas de derecho, la UNAH, Casa Alianza, Médicos del Mundo y ONU Mujeres