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La Cooperación Española ha coadyuvado a que en Bolivia se amplíe el ejercicio del derecho humano al agua, una línea esencial de intervención en la lucha contra la pobreza y un factor clave para el desarrollo, que ha demandado la inversión de 94 millones de euros y que ha posibilitado el acceso al agua y/o al saneamiento a más de 426.000 personas en zonas rurales y dispersas. 

La lucha por el acceso al agua, símbolo de vida, dignidad y justicia social para la población boliviana ha generado grandes movilizaciones sociales que han transformado las políticas de agua del país, La Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009, establece el acceso universal al agua potable y al saneamiento como derecho humano fundamental, que ha convertido al país en el precursor en la Asamblea General de las Naciones Unidas para la declaratoria que reconoció en 2010 el agua y el saneamiento como un derecho humano. 

Sin embargo, Bolivia se enfrenta al reto para hacer efectivo este derecho universal. Más de 2,5 millones de bolivianos no tienen acceso a ser- vicios de agua potable y otros 5 millones carecen de servicios de saneamiento. Estas carencias causan inseguridad alimentaria y comprometen la salud integral de las familias, provocando casos graves de malnutrición crónica y diarrea aguda, una enfermedad que es responsable de un tercio de todas las muertes infantiles. Dichas deficiencias también frenan la capacidad de desarrollo de las comunidades pobres y producen un estancamiento de la productividad y de los ingresos de las familias. 

Las brechas en la cobertura de los servicios de agua y el acceso a los servicios de saneamiento básico, como afirma un informe de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, afectan sobre todo a sectores pobres y poblaciones dispersas del país, problemática que se complejiza por una insuficiente cobertura de los servicios, baja calidad de la prestación de servicios y deficiente operación y mantenimiento de sistemas existentes, particularmente en áreas rurales. 

Por otro lado, los recursos hídricos enfrentan los efectos del cambio climático como la paulatina desaparición de los glaciales en los Andes por el calentamiento global que está secando una de las principales fuentes de agua.

 

Segundo país receptor

Más del 90 % de los recursos invertidos han sido proporcionados por el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento para América Latina y Caribe – FCAS, del que Bolivia es el segundo país receptor de fondos; además de la ayuda directa de la Cooperación Española a ONG´s y la Cooperación Delegada de la Unión Europea, bajo el objetivo de "Impulsar una estrategia para favorecer la implementación del derecho humano el agua y al saneamiento, priorizando los sectores más vulnerables y marginados". 

Los programas se llevan adelante a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a cuyos programas el Fondo ha donado 84 millones de euros que han servido para apalancar recursos adicionales, entre los que destacan 40 millones de dólares procedentes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

Por otro lado, se cuenta con los recursos de Cooperación Delegada de la Unión Europea y La Facilidad de Inversión en América Latina- LAIF de la Unión Europea, dirigidos también al Programa de Agua y Saneamiento. 

Los programas han puesto  énfasis en el acceso o mejoramiento de servicios de agua potable y alcantarillado, para coadyuvar a reducir las enfermedades de origen hídrico. Como resultado importante del programa se crearon los Planes Maestros Metropolitanos para La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.  ​