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Enmarcada en el Plan Intercoonecta y como parte de la Estrategia de la Cooperación Española para la Respuesta Conjunta ante la COVID-19, esta segunda edición da continuidad a la realizada en 2020 donde el foco estuvo en el análisis y estudio del fenómeno de lavado de capitales, en contexto de pandemia.

El objetivo principal es conseguir para todos los actores una comprensión completa de todos los ámbitos de la lucha contra el lavado de activos y que se extienda desde las actividades preventivas hasta la localización, gestión y administración de los eventuales activos incautados, que facilite una mejor coordinación interinstitucional, evite incurrir en duplicidades y, por tanto, permita una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, poniendo en valor posibles sinergias derivadas de un mejor intercambio de información.

En esta ocasión, el seminario busca ampliar y consolidar el trabajo realizado y profundizar los contenidos sobre las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica, en la postpandemia, especialmente en los países con mayores niveles de vulnerabilidad, donde aún se viven situaciones de incertidumbre económica, sanitaria y social.

Asimsimo, se busca ampliar el conocimiento sobre los actores esenciales en la lucha contra el lavado de activos, promoviendo la especialización de las personas participantes para adquirir mayor conocimiento de las acciones que desarrollan sus homólogos en otros países, promoviendo una óptica más compleja y multidisciplinar.

Este seminario da continuidad a la alianza con los socios de conocimiento que acompañaron la iniciativa en 2020, entre los que se encuentran la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (DGCJIDDHH), Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Red Registral Iberoamericana (IBEROREG), Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España (CORPME), Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Cumbre Judicial Iberoamericana, Fiscalía General del Estado (FGE), Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), Consejo General del Notariado (CGN), Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Agencia Tributaria (AEAT), Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Tesoro Público del Ministerio de Economía y Empresa, Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia e Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

A través de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española se busca diseñar una respuesta concertada y unitaria que permita mayores niveles de eficacia en el apoyo a las políticas e instituciones para dar una respuesta coherente a la crisis desde una gobernanza global, continuando la prioridad de salvar vidas; proteger y recuperar derechos y capacidades; y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, reforzando la gobernabilidad democrática. 

Según declaraciones de prensa, la Ministra de Justicia, Pilar Llop, resaltó la importancia de la colaboración internacional de los países iberoamericanos en esta materia para fortalecer la legalidad y el Estado de Derecho y subrayó que la formación y la especialización son herramientas con las que cuentan los operadores jurídicos para luchar contra la delincuencia organizada en una sociedad democrática.

Este seminario se encuentra, además, en línea con el V Plan Director de la Cooperación Española, y de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, contribuyendo de manera directa a los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).