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Más de 3.600 millones de personas —casi la mitad de la población mundial— carecen de saneamiento seguro según Naciones Unidas y cerca de 250.000 niños y niñas menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas causadas por la falta de saneamiento o agua no potable. En la región de América Latina y el Caribe, según datos de Unicef (JMP, 2020) sólo un 34% de la población tiene acceso a servicios sanitarios que puedan considerarse "seguros" (instalaciones mejoradas que no son compartidas con otros hogares y donde las excretas se depositan de forma segura) y todavía un 2% de la población continúa practicando la defecación al aire libre por falta de instalaciones. Una cifra que aumenta hasta el 6% en las zonas rurales (aunque ha mejorado considerablemente desde 2015, cuando era del 11%). El resto de la población dispone únicamente de servicios sanitarios "básicos", sin manejo de excretas (55%), o instalaciones "limitadas" (compartidas con otros hogares) o "no mejoradas" (uso de letrinas de hoyo), situación que afecta a un 9% de la población. Esto, a pesar de que desde el año 2015 el Derecho al Saneamiento está recogido como un derecho específico e independiente por la Asamblea General de Naciones Unidas —ya antes, en 2010, había sido reconocido junto al Derecho al Agua— estableciendo que "toda persona ha de tener acceso físico y económico a servicios de saneamiento seguros, higiénicos, aceptables social y culturalmente y que le proporcionen la suficiente privacidad y dignidad, en todas las esferas de la vida". Además, el tratamiento de aguas residuales se encuentra específicamente contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados en la Agenda 2030: "Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene y poner fin a la defecación al aire libre" (meta 6.2) y "Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de las aguas residuales y su reutilización sin riesgos" (meta 6.3).

Por todo ello, desde el año 2013, cada 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Retrete. El retrete es, precisamente, la punta del iceberg de lo que supone tener acceso a sistemas de saneamiento seguro y tratamiento de aguas residuales. Las aguas vertidas sin pasar por ningún proceso de depuración pueden provocar la contaminación de los ríos o playas a las que van a parar, así como de los cultivos alimentarios, e incluso propagar enfermedades entre la población. Por el contrario, las aguas previamente depuradas pueden retornarse a los cauces o ser utilizadas para el riego, siempre que cumplan con los requisitos de calidad requeridos según el uso, formando parte de procesos de economía circular. Es por ello que, según cálculos de Naciones Unidas, por cada dólar invertido en saneamiento básico se generan hasta 5 dólares para la comunidad, gracias al ahorro en sanidad y el aumento de la productividad. En el caso de las mujeres y niñas, además, el acceso a retretes en el hogar, en las escuelas o en el trabajo les proporciona seguridad, privacidad y dignidad, especialmente durante la menstruación y el embarazo.

Trabajos de agua y alcantarillado en el unicipio de Río Quito,Colombia

 

IMPACTOS DEL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) es un instrumento de la Cooperación Española que desarrolla programas de fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario y promoción de servicios de agua y saneamiento en 18 países de América Latina y el Caribe. Impulsa una cartera total de 1.597 millones de euros —de los que 800 son donaciones de España— focalizada en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La mejora de sistemas de saneamiento es uno de los objetivos en los que el FCAS lleva trabajando desde el inicio de sus operaciones, en 2009. Desde entonces, los programas bilaterales y multilaterales del Fondo han conseguido dar acceso a sistemas de excretas —alcantarillado y letrinas o fosas sépticas— a más de 300.000 hogares, al tiempo que se han mejorado o construido los sistemas de alcantarillado de 111 centros de salud y 384 escuelas. En total, esto ha supuesto que más de un millón de personas (1.299.287) tengan acceso a saneamiento, y más de 800.000 cuenten con aguas residuales tratadas.

Las intervenciones del Fondo del Agua se centran en las zonas rurales y periurbanas, con el objetivo de reducir las bolsas de pobreza y la desigualdad. Además, se trabaja siempre desde una perspectiva de género, lo que ha permitido que más de 2.500 mujeres formen parte de la estructura de las organizaciones comunitarias de gestión del agua creadas o fortalecidas legalmente.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales instalada en Lempira Honduras

 

UNA CUESTIÓN GLOBAL

El saneamiento no es sólo una cuestión de infraestructuras y financiación. Para prestar un servicio adecuado, son necesarios multitud de elementos. En este sentido, el saneamiento está estrechamente relacionado con otros grandes retos, como el crecimiento demográfico, el cambio climático, la intensificación de las actividades agrícolas e industriales y la rápida urbanización, entre otros. Además, depende mucho de la existencia —o falta— de una buena gobernanza, planificación urbanística, sistemas de drenaje de aguas pluviales, recogida de basuras, modelo de gestión del servicio, profesionales específicamente formados en aguas residuales, legislación adecuada, población sensibilizada para pagar por el saneamiento, programas de promoción de higiene o depuración y reutilización de las aguas residuales, entre otros.

Por todo ello, la Cooperación Española y el Fondo del Agua trabajan de forma global a través de programas de fortalecimiento institucional y comunitario, ofreciendo acompañamiento a los países para proponer marcos jurídicos y estrategias normativas que apoyen el desarrollo del sector y de las instituciones responsables de la gestión, especialmente los operadores de agua. Entre estos programas, cabe destacar el apoyo a República Dominica para la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional, la financiación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PLANAPS) de El Salvador, que contó con una subvención del Fondo por valor de 1,5 millones de euros, y el apoyo a las Estrategias Nacionales de Tratamiento de Aguas Residuales, y de Agua y Saneamiento para el Área Rural  de Bolivia.