Colombia avanza hacia un nuevo marco tarifario para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado

Colombia alcanza otro momento clave en la transformación de su arquitectura regulatoria del sector de agua y saneamiento. La publicación del Proyecto de Nuevo Marco Tarifario para pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios, junto con el Proyecto de Resolución que lo desarrolla, marca un punto de inflexión en el fortalecimiento de la gobernanza sectorial. Con ello, el país avanza desde una etapa de diseño técnico hacia una fase decisiva de consolidación normativa.

Este avance ha tenido el acompañamiento del Programa COL-038-ALC, financiado  por la Cooperación española y orientado a fortalecer la capacidad institucional regulatoria para diseñar un régimen tarifario diferenciado y sostenible, aplicable a prestadores urbanos pequeños y a los prestadores rurales. En un país caracterizado por una enorme diversidad territorial y organizativa, la regulación no puede ser uniforme, necesita reconocer realidades técnicas, financieras y sociales distintas. El nuevo proyecto pretende responder precisamente a ese desafío: equilibrar sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y asequibilidad para los usuarios, en coherencia con los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6).

La publicación y sometimiento a la consulta pública ciudadana del Documento Técnico y del Proyecto de Resolución no se reduce a un simple trámite administrativo, ha activado un proceso de participación ciudadana amplio y territorialmente comprometido. Se han desarrollado cinco eventos de consulta pública y ocho talleres de socialización que han recorrido territorios estratégicos priorizados en el Marco de Asociación País España–Colombia para el desarrollo, incluyendo Chocó, La Guajira, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, entre otros.

En estos espacios se ha dialogado directamente con los pequeños prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, con las autoridades locales municipales y departamentales y con los actores sectoriales. Las consultas públicas permitieron recoger observaciones técnicas y jurídicas sobre la propuesta normativa; los talleres de socialización, por su parte, tuvieron un carácter pedagógico y de fortalecimiento institucional, explicando la estructura tarifaria, los instrumentos de implementación y las rutas de transición previstas.

El despliegue territorial ha sido importante, puesto que la regulación del agua en estos contextos exige proximidad, escucha y comprensión de las limitaciones operativas reales. En muchas poblaciones pequeñas, y especialmente en los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza, los prestadores del servicio público enfrentan desafíos estructurales: baja escala, dispersión geográfica, limitaciones en la micromedición, restricciones presupuestarias y creciente exposición a riesgos climáticos. Diseñar un marco tarifario para este universo implica incorporar diferenciación, gradualidad e incentivos adecuados. El recorrido territorial realizado durante la participación ciudadana evidencia un compromiso concreto con los territorios y con los actores que sostienen la prestación en primera línea. Escuchar sus aportaciones, comprender sus desafíos y ajustar la propuesta regulatoria en función de esa realidad refuerza la legitimidad del proceso y la viabilidad futura de la norma.

En un país donde el acceso al agua segura aún presenta brechas significativas, la regulación tarifaria se convierte en una palanca estratégica. No se trata únicamente de fijar precios, sino de crear condiciones para que los pequeños prestadores puedan sostener su operación, mejorar su infraestructura y fortalecer su gestión. Una regulación técnicamente sólida contribuirá a una mayor eficiencia, transparencia y capacidad de inversión.

Más allá de la norma en sí misma, el Programa COL-038-ALC ha demostrado el valor de una cooperación orientada al fortalecimiento institucional. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha acompañado este proceso desde su concepción técnica hasta la fase actual de consolidación regulatoria. Este tipo de cooperación sectorial no se limita a financiar infraestructuras, sino que apuesta por la arquitectura normativa y la gobernanza sectorial como condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible y el cumplimiento progresivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Concluido el periodo de participación ciudadana, el proceso entra ahora en una fase técnica decisiva: análisis detallado de observaciones, ajustes cuando proceda, validación por el Comité de Expertos Comisionados, aprobación por el Pleno de la Comisión y los trámites correspondientes ante las instancias competentes. Esta etapa será determinante para consolidar un instrumento normativo robusto y plenamente aplicable.

El desafío ahora es culminar el proceso normativo y acompañar su implementación para que este hito regulatorio se traduzca en mejoras tangibles en eficiencia, sostenibilidad y acceso al agua en todo el territorio. Fortalecer la regulación es fortalecer el sistema. Y fortalecer el sistema es dar un paso más hacia la universalización efectiva del acceso al agua y al saneamiento para todas las personas.