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En el marco del proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), “Derechos y acceso a la justicia en nuestra comunidad'', el Ministerio Público y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) firmaron un convenio marco de cooperación institucional con el objetivo de ampliar los servicios de acceso a la justicia a través de la mediación para la población en situación de vulnerabilidad en los departamentos de Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná. El acto se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Ministerio Público y contó con la presencia de Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado; Mar Humberto Cardoso, coordinadora general a.i de la AECID y María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez sostuvo que, con la implementación de la mediación en el Ministerio Público se pretende contribuir a lo más importante que es el acceso a la justicia para toda la población paraguaya. "La mediación es una herramienta importantísima como parte del engranaje del acceso a la justicia dentro del proceso transformador de inclusión social e igualdad de derechos", expresó. 

Agradeció a la Cooperación Española a través de AECID y al Centro de Estudios Judiciales por apoyar para el fortalecimiento de esta nueva herramienta que da sus primeros frutos por al alto porcentaje de causas que llegan a un acuerdo en menos de un mes, y auguró que será un inicio de cambio de paradigma institucional y a la vez del sistema judicial penal del país. 

La coordinadora general a.i, Mar Humberto Cardoso, resaltó que, en el acceso a la justicia, como en otros ámbitos, es importante no dejar a nadie atrás y facilitar este acceso a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Refirió que la mediación es un instrumento muy útil y necesario para ayudar a descongestionar el sistema judicial que en muchos casos se encuentra colapsado por causas de conflictividad social que pueden solucionarse sin llegar a un juicio. 

La Cooperación Española trabaja con el CEJ para impulsar la mediación con el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia. También con el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) para el acceso a la justicia restaurativa de jóvenes y adolescentes privados de su libertad. También se ha contribuido de forma sostenida por más de una década a la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, una problemática social con un importante componente internacional. 

Por su parte, María Victoria Rivas, coordinadora del Centro de Estudios Judiciales del Paraguay dijo que el proyecto permitirá dar una mirada especial a las denominadas pequeñas causas que ingresan al sistema y que tienen rostros y víctimas que esperan acceder a la justicia. Para ello, se crearán seis centros de mediación en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Cordillera acompañados con asistencia técnica directa a mediadores, y se generarán vínculos con el Poder Judicial que permitan que los mecanismos de acuerdo y homologación que lleguen a través de la oficina de mediación sean reconocidos y a su vez aceptados, por el sistema judicial.

Derechos y acceso a la justicia en nuestra comunidad 

Esta iniciativa pretende promover la mediación institucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública como mecanismo de acceso a la justicia y construcción de la paz social, con enfoque en justicia restaurativa, abarca además la orientación, derivación asistida, prevención y resolución de conflictos. Para lo cual se propondrá desplegar acciones de socialización, sensibilización, capacitación, tutorías en la práctica y asistencia técnica, también propiciar espacios de articulación interinstitucional con la oferta del sistema de justicia y de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.