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    Sala de Prensa

    • 19/04/2021 11:00
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      Honduras
      |
      Gobernabilidad democrática

      Una fiscalía especial para las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Honduras

      El Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick, y el Fiscal Adjunto de la República de Honduras, D. Sibrian Bueso, inauguraron el pasado viernes la oficina regional de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEEPC), ubicada en la ciudad de Tela.

      Con la nueva Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural en Tela serán beneficiadas las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región del litoral atlántico

      Fiscalía Honduras

      El pasado viernes abrió sus puertas la nueva Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural en Tela (Honduras), que mejorará las condiciones integrales de acceso al sistema de justicia para las cerca de 320.000 personas de las poblaciones Garífuna, Isleña, Miskitu, Tolupanes, Pech y Tawhaka que habitan en las zonas cercanas al litoral atlántico de Honduras. 

      Estas poblaciones, especialmente de los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, podrán tener una atención especializada y una respuesta más rápida y eficiente sin tener que trasladarse hasta la capital de Honduras. 

      La adecuación y el equipamiento de la Fiscalía Especial (FEEPC) es fruto del proyecto "Fortalecimiento al acceso de justicia para las comunidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras", con el objetivo principal de promover el respeto, reconocimiento, representación y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras (PIAH). En concreto, en este caso, el proyecto facilitará el acceso a una justicia diferenciada basada en el reconocimiento de los acuerdos internacionales y normas nacionales de las personas indígenas y afrodescendientes. 

      El proyecto, ejecutado por el Ministerio Público hondureño, cuenta con un presupuesto de 307.400 euros (aproximadamente 8.8 millones de lempiras) de los cuales 160.000 euros son aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 



      Con este presupuesto, además de la apertura de la FEEPC, se está invirtiendo en el diseño e implementación de un programa de formación en derechos de los PIAH basados en los estándares internacionales y nacionales, dirigido a funcionarios del sistema judicial e instituciones públicas de Honduras. 

      De igual forma, se está diseñando un sistema de monitoreo de expedientes de personas de los PIAH con el cual se pueda analizar el cumplimiento de sus derechos. 

      El proyecto incluye también una campaña de comunicación que promueve el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Finalmente, a través del proyecto se pretende realizar una reunión estratégica de país con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, a fin de que el Ministerio Público pueda materializar acciones conjuntas.  

      Durante la inauguración de la Fiscalía el pasado viernes, el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, manifestó "el compromiso de la Cooperación Española con el apoyo para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Honduras". Participaron tambnién en el acto Darío Munguía, alcalde de Tela; Jany Del Cid, fiscal jefe de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; Juan José Sanzberro, Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras; y representantes  de la sociedad civil. 

      El trabajo de la AECID en Honduras en favor de hacer realidad los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas se refleja en otras iniciativas que lleva a cabo en el país.

      Una de ellas es la que lleva a cabo con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario en un proyecto para apoyar el reconocimiento pleno de los derechos humanos y libertades civiles de las personas afrodescendientes, con enfoque de género, concretamente para hacer frente a los desafíos provocados por la discriminación racial que los expone a riesgos más profundos ante la pandemia del Covid19.

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