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  • Sala de Prensa

    Sala de Prensa

    • 05/03/2021 13:00
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      Acción Humanitaria

      Datos claros y pruebas contundentes; cómo rendir cuentas de los ataques a los sistemas educativos en zona de conflicto

      El Seminario sobre la Declaración de Escuelas Seguras para evitar los ataques a la educación en situación de conflicto, celebró esta semana su segunda sesión, centrándose en la recogida de datos y pruebas de los ataques y en la rendición de cuentas de sus perpetradores ante la ley local e internacional.

      La formación está orientada a la aplicación práctica de las directrices recogidas en la Declaración sobre Escuelas Seguras, una iniciativa internacional impulsada por Argentina y Noruega para proteger la educación en situación de conflicto, en la que España desarrolla un rol muy activo y que ya cuenta con la adhesión de 107 países.

      ¿Qué datos recopilar sobre el sistema educativo en una situación de conflicto o violencia? ¿Cuándo un ataque a una escuela se convierte en un crimen de guerra? ¿Cómo repercute la información y pruebas recogidas tras un ataque en la actividad de los grupos armados? ¿A quién se debe rendir cuentas; a tribunales internacionales o locales? ¿Para qué sirve todo esto?

      Todas estas cuestiones fueron tratadas el miércoles en la segunda sesión del Seminario virtual sobre la Declaración de Escuelas Seguras que organiza la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) junto a la Coalición Global para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA) y con el apoyo de Argentina y Noruega, como estados impulsores de la Declaración.

       

      La Declaración de Escuelas Seguras es un compromiso político intergubernamental, promovido por Argentina y Noruega, para proteger la educación durante los conflictos armados, que incluye el compromiso de utilizar las Directrices para la Protección de Escuelas y Universidades contra el Uso Militar durante los Conflictos Armados  e incorporarlas a la política nacional y los marcos operativos en la medida de lo posible y apropiado. Desde su publicación, en mayo de 2015, 107 países , entre ellos España, han respaldado la Declaración.

       

      Tras una primera sesión centrada en el impacto de los ataques en la educación y en la propia Declaración, la sesión de ayer profundizó en qué hacer después del ataque y para evitar futuras agresiones. En este sentido, las expertas y expertos incidieron en la necesidad de contar con información y datos de calidad, un seguimiento sistematizado de los ataques y, una vez terminados, la recogida de pruebas y el informe de las mismas a las instituciones que tratan, mediante sensibilización, incidencia o diplomacia, de atajar este tipo de hechos.

       

      Esta sesión fue introducida por la Jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, Cristina Gutiérrez Hernández, quien afirmó que “sólo en la medida en que contemos con datos fiables sobre el impacto de los ataques en cada comunidad, familia, mujer, hombre, niña o niño, podremos orientar adecuadamente los programas de respuesta humanitaria, asegurar que las víctimas reciben la necesaria asistencia para rehabilitar sus vidas y, finalmente, trazar el camino hacia la reparación”.

       

      Marika Tsolakis, doctora en Educación y Desarrollo Internacional del Instituto de Educación del University College de Londres e investigadora de la GCPEA recordó que la recopilación de datos sobre los ataques es fundamental: “si tenemos mejores datos, los gobiernos podrán llevar a cabo mejores políticas para atajar estos ataques”.

      Tsolakis explicó qué tipo de datos son útiles como información relevante para su uso posterior. “Datos como la ubicación, fecha, hora, tipo de escuela, tipo de ataque, desglose por sexo de los datos sobre víctimas incluidas las personas heridas, número de jornadas lectivas perdidas, impacto del ataque en la localidad, impacto en la comunidad educativa, etc. es información necesaria”, aseguró la doctora.

       

      Por otro lado, la experta Lavinia Lommi, Oficial de asuntos políticos de la Oficina de la Representante Especial de NNUU para Niños y Conflictos Armados desde 2017 dio a conocer el mecanismo de las Naciones Unidas que permite recoger la información y datos sobre los ataques a la educación, así como el modo en que utilizan esa información para hacer incidencia al más alto nivel, con el fin de proteger el sistema educativo de nuevos ataques en zonas de conflicto. Lommi recordó las seis graves violaciones de derechos de la infancia de las que se ocupa el Mecanismo de Monitoreo y Reporte (MRM) de las Naciones Unidas para proteger a los niños y niñas en situación de conflicto como son matar y mutilar, abuso sexual, reclutamiento de niños/as soldado, secuestros, ataques a escuelas y hospitales y denegación de acceso a la ayuda humanitaria.

       

      Por último, Lommi que ha trabajado como asesora de protección infantil durante 11 años en situaciones de conflicto y posconflicto en Uganda, República Democrática del Congo, Costa de Marfil y Malí tanto con ONG como con NNUU, puso en valor el MRM como “una herramienta esencial para la incidencia política con las distintas partes  para asegurar la protección de las escuelas, personal y alumnado; también para impedir que se violen sus derechos y para poder llevar, en caso necesario, a los perpetradores de los ataques ante los tribunales”.

       

      Precisamente, la rendición de cuentas o depuración de responsabilidades de los actores, ocupó la segunda parte de la sesión de ayer, en la que expertos penalistas explicaron cuestiones como en qué casos se considera un ataque a un centro educativo o a alumnado o docentes como un crimen de guerra y en cómo habría que depurar responsabilidades penales sobre estas acciones; es decir, quién y ante qué institución ha de rendir cuentas por estos hechos, así como la utilidad de todo lo anterior para prevenir futuros ataques.

        

      Por un lado, Matthew Cross, penalista de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y por otro, Steven Haines, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Greenwich (Reino Unido) aportaron la visión de la rendición de cuentas ante los tribunales, bien nacionales, bien internacionales, de los grupos armados perpetradores de ataques a la educación. José Luís Rodríguez Villasante, ex Director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, actuó como moderador y explicó las reglas legales internacionales que pueden regir en casos de ataque al sistema educativo de un país en conflicto.

       

      Cross destacó que “La rendición de cuentas solo puede ser una parte de la historia. Lo más importante es evitar que los colegios sean utilizados con fines militares”, y recordó que “no todas las violaciones de la ley son consideradas un crimen de guerra; la utilización de los centros educativos como centros militares no es una prohibición del derecho internacional, no constituye un crimen de guerra”

      Cross defendió, asimismo, la labor de la Corte Penal Internacional, no solo en la depuración de responsabilidades legales, sino también como prevención y freno a la impunidad en casos como el uso de niños soldado o ataques a bienes culturales. “Si hay un enjuiciamiento internacional se demuestra que esto no solo afecta a los soldados que cumplen órdenes, sino también a aquellos que dictan las órdenes y a los mandos intermedios que no han evitado que sus subordinados cometan estos crímenes”, dijo.

      Destacó, además, la necesidad de disponer de pruebas, “se precisan pruebas más allá de las dudas razonables; un estándar muy elevado para dar garantías”. Pero también resaltó el papel de la legislación local en la protección, “El enjuiciamiento de crímenes de guerra por parte de la Corte Penal Internacional no es la única manera para lograr la rendición de cuentas. Si hay violaciones que no son crímenes de guerra, se pueden plantear a nivel del estado, y este es posible que pueda garantizar los derechos de las personas violentadas, utilizando su propio derecho penal y protegiendo a la población frente a delitos”.

       

      UN SEMINARIO PARA APRENDER CÓMO EVITAR LOS ATAQUES Y LA IMPUNIDAD

      La Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) comenzó el pasado miércoles, 24 de febrero, un programa internacional de formación para impulsar el cumplimiento de la Declaración de Escuelas Seguras y las Directrices para la Protección de Escuelas y Universidades de uso Militar durante los Conflictos Armados.

       

      En el encuentro, coorganizado por la AECID y la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), participan más de setenta responsables de educación y defensa de 20 países: Afganistán, Burkina Faso, Camerún, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iraq, Malí, Marruecos, Nicaragua, Níger, Nigeria, Palestina, Líbano, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Ucrania, Vietnam y Yemen. Asimismo, como países impulsores de la Declaración Argentina y Noruega asisten a este seminario, con representación institucional en varios de los módulos y, en el caso argentino, con una activa participación en los grupos de trabajo por parte de sus representantes de los ministerios de educación y defensa

       

      El Seminario es fruto de un compromiso anunciado por el Gobierno de España durante la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrada en Palma en mayo de 2019. Cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, así como de diversas organizaciones internacionales y ONG.

       

      La formación, estructurada en cuatro módulos a impartir entre el 24 de febrero y el 17 de marzo, está específicamente diseñada para Fuerzas Armadas y representantes de ministerios de educación, aunque cada estado puede incluir, además, participantes de sus Ministerios de Igualdad de género - o instituciones equivalentes- así como Ministerios de Asuntos Exteriores.

       

      ESCUELAS, NO CUARTELES

      Según la Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques (GCPEA), entre 2015 y 2019 se produjeron más de 11.000 ataques distintos contra instalaciones educativas, estudiantes y educadores/as. En ese mismo plazo, las fuerzas armadas y los grupos paramilitares utilizaron escuelas y universidades para fines militares, como bases, cuarteles, puestos de tiro, armerías y centros de detención en 34 países. Las estudiantes y maestras fueron blanco directo de ataques debido a su sexo, incluso mediante bombardeos de escuelas de niñas, secuestros, violaciones y acoso, en al menos 21 países, en el mismo período.

       

      La Declaración de Escuelas Seguras es un compromiso político intergubernamental, promovido por Argentina y Noruega, para proteger la educación durante los conflictos armados, e incluye el compromiso de utilizar las Directrices para la Protección de Escuelas y Universidades contra el Uso Militar durante los Conflictos Armados  e incorporarlas a la política nacional y los marcos operativos en la medida de lo posible y apropiado. Desde su publicación, en mayo de 2015, 107 países , entre ellos España, han respaldado la Declaración.

       

       

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