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  • Sala de Prensa

    Sala de Prensa

    • 22/12/2020 13:00
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      América Latina y Caribe
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      Cooperación para el desarrollo

      Mejora de las políticas fiscales y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado para reactivar América Latina

      La Red de Centros de Formación de la Cooperación Española contribuye a paliar los efectos de la crisis del COVID-19 a través del intercambio de conocimientos sobre la lucha contra la delincuencia organizada y el desarrollo de políticas fiscales con enfoque de género

      Se estima que 2020 culminará con 118 millones de mujeres viviendo en la pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe

      La crisis producida por el COVID-19 no solo es una crisis mundial sino también multidimensional. A los considerables efectos sanitarios de la pandemia, se suma su importante impacto en las economías de los países y de sus sociedades, afectando especialmente a las personas más vulnerables. Asimismo, está poniendo en riesgo el avance en progresos sociales, en el cumplimiento de derechos, en la gobernabilidad democrática, en el acceso a la justicia y en la seguridad política.

      Ya el pasado mes de abril, un comunicado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) alertaba de los riesgos emergentes derivados de la crisis del COVID-19 en América Latina. Entre otros, el aumento de las acciones delictivas del crimen organizado a través de fraudes financieros y estafas, del tráfico de medicamentos falsificados y del tráfico ilícito de mercancía relacionada, así como de la adulteración de medicamentos e implementos médicos. A estos riesgos se suman fraudes y estafas asociadas a los planes de ayuda financiera, tanto para las empresas como para el ciudadano común, así como el robo de datos para accesos ilícitos a las cuentas de bancos a través de llamadas telefónicas o sitios web falsos.

      En este marco, la Red de Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina, a través de INTERCOONECTA, ha venido desarrollando diversas actividades con el fin de promover el intercambio de conocimiento entre instituciones del ámbito financiero y de la seguridad, dedicadas al lavado de activos, a la lucha contra la delincuencia organizada y al desarrollo de finanzas públicas enfocadas en las políticas de ingreso y gasto público.

       

      LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, UNA TAREA CONJUNTA


      Combatir las fuentes de financiación del crimen organizado es una prioridad del gobierno de España. Con ello se trata no solo de evitar la legitimación de las ganancias procedentes de actividades ilícitas, sino también romper el ciclo del crimen organizado, la corrupción y atacar de raíz los grandes tráficos (de armas, de drogas y de personas). Además, esta lucha se dirige a eliminar el efecto corrosivo de la criminalidad en la economía y sus ramificaciones en todas las áreas de actividad.

      En esta línea, el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo (CFCE Montevideo) celebró entre noviembre y diciembre un ciclo sobre el lavado de activos que congregó a 50 representantes de entidades fiscales y financieras de América Latina y el Caribe con el fin de construir un plan de acción conjunto que incluyera buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre amenazas emergentes y vulnerabilidades que han surgido en relación al crimen organizado en el marco de la crisis por COVID-19. Los participantes desarrollaron un trabajo virtualizado a través de foros de discusión y debate, y la realización de tres webinarios específicos dedicados, respectivamente, a la prevención del lavado de activos, su investigación y a la recuperación de bienes incautados.

       

      POLÍTICAS FISCALES CON ENFOQUE DE GÉNERO

       

      Los efectos de la crisis del COVID-19 se reflejan en todas las dimensiones de la economía mundial. El distanciamiento social, el cierre de empresas y la reducción de la actividad laboral han impactado tanto en la oferta como en la demanda, generando la pérdida de ingresos por parte de amplios sectores de la sociedad. Como respuesta, las economías han impulsado iniciativas para contener los daños que se manifiestan en la disminución de las tasas de crecimiento del producto y del comercio exterior, así como en el elevado nivel de déficit y endeudamiento público. Este colapso en la actividad privada ha generado una dramática caída en los ingresos tributarios, afectando particularmente a las estructuras fiscales más dependientes del consumo y del comercio internacional, en general, y de las exportaciones de commodities, en particular. Las economías de la región latinoamericana se vieron forzadas a ingresar en un "coma inducido", paralizando buena parte del aparato productivo de los países, afectando los ingresos de una porción significativa de los hogares y provocando una alta tensión sobre la política fiscal.

      En el marco de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19, cuyo fin es recalibrar la respuesta a los nuevos desafíos y reforzar la acción en la promoción de los bienes públicos globales, el CFCE Montevideo desarrolló entre los meses de octubre y diciembre dos laboratorios dedicados a las Finanzas Públicas para el Desarrollo, con foco en ingreso público y en gasto público. El objetivo fue aportar a la discusión sobre las políticas fiscales y a la generación de hojas de ruta para la recuperación, a través de espacios de intercambio virtual y foros abiertos dedicados a analizar cómo afecta la crisis a la dimensión de género en las políticas fiscales.

      Se estima que en América Latina y el Caribe el desempleo de las mujeres llegará al 15%, enfrentando un retroceso en términos de pobreza y de seguridad alimentaria, pobreza infantil y disminución de las vulnerabilidades de mujeres y niños en hogares de menores ingresos. Esto tiene que ver con un efecto de arrastre del empleo informal donde las mujeres están sobrerepresentadas y desprotegidas, al requerir gran esfuerzo por parte de los gobiernos por regular los sectores informales a través de políticas fiscales que pongan a los más vulnerables en el centro. Más concretamente, las estimaciones apuntan a que este 2020 culminará con 118 millones de mujeres viviendo en la pobreza multidimensional en América Latina y el Caribe. Es, por tanto, imprescindible, revisar tanto el gasto como las inversiones públicas para impedir el retroceso de la autonomía económica de las mujeres. En tal sentido, será necesaria la revisión de las recetas que se usaron en crisis económicas anteriores, ya que no se podrán atender con las mismas fórmulas, para que los hogares no pierdan su capacidad y su poder adquisitivo para temas básicos como la salud o, la alimentación, entre otros.

      Lee las notas sobre ingreso público y gasto público aquí:

       

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