Según datos de UNICEF, cerca del 20 % de la población de
Guatemala no tiene acceso a agua corriente y el mismo porcentaje carece
de un sistema de saneamiento mejorado. Estas carencias, más acusadas en
zonas rurales, producen más de la mitad de las enfermedades de la
población. Las mujeres pasan hasta cinco horas diarias procurando agua
para sus familias.
Guatemala no tiene una Ley de Aguas ni un organismo principal
responsable de su gestión y coordinación. La gestión del agua a nivel
nacional depende de 19 instituciones diferentes. Tampoco hay programas
nacionales de desarrollo integral destinados a dar más servicio de agua a
la población y a mejorar su calidad.
Los principales gestores del agua en Guatemala son los municipios y, a
menor escala en zonas rurales, las propias comunidades, en muchos casos institucionalmente muy débiles. Como
responsables de la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, los municipios han de formular las políticas y los planes
de desarrollo urbano o rural según cada caso. Esta tarea se complica por
la falta de recursos y de experiencia para poder llevar a cabo
proyectos complejos, sobre todo en zonas aisladas y/o empobrecidas.
