Durante la década de los 90 se consolidó la necesidad de dar una mayor visibilidad a las vulneraciones históricas que venían sufriendo los pueblos indígenas, de modo que sus reivindicaciones se incorporaron en la primera línea de la agenda internacional.En 1997, poco después de la aprobación de la resolución 49/214 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”, se lanzó la primera Estrategia Española de Cooperación con Pueblos Indígenas (EECPI), que recogía de forma breve y esquemática las principales preocupaciones de los pueblos indígenas de América Latina (violaciones de derechos humanos, discriminación, despojo de tierras y territorios, procesos de aculturación), y trataba de definir su situación frente a un contexto internacional.

En este marco se adoptó una visión propia basada en la especificidad como punto necesario para abordar la cooperación con los pueblos indígenas por parte de la entonces Agencia Española de Cooperación Internacional. El objetivo principal de esta estrategia se centró en apoyar todos los procesos de autodesarrollo sostenible de estos pueblos que permitieran su participación en los procesos de toma de decisiones que les afectaran directamente.

Con la aprobación de la EECPI también se consolidó la creación de una nueva unidad técnica especializada en el propio seno de la AECID: el Programa Indígena. Éste, dependiente de la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, tiene como principal cometido desde entonces coordinar y articular las intervenciones de cooperación para el desarrollo de los pueblos indígenas que realizan las distintas unidades de la Agencia, así como el resto de actores de la Cooperación Española.

Si bien las violaciones de derechos se siguen produciendo día a día, son muchos los logros y avances que se han conseguido en materia de reconocimiento de derechos individuales y colectivos

En los últimos años, el compromiso de la cooperación española con los pueblos indígenas se ha visto reforzado no sólo económicamente con un aumento del presupuesto destinado a financiar proyectos de desarrollo de estos pueblos, sino también políticamente a través de la aplicación de la nueva Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos Indígenas (ECEPI) aprobada en 2007.

La ECEPI consiguió recoger, tras un largo proceso de negociación, las demandas de los movimientos y organizaciones indígenas como fuente inspiradora de sus contenidos, y define la política de cooperación con pueblos indígenas en base al derecho que tienen éstos a existir, definir y poner en práctica sus propios modelos de desarrollo en consonancia con el respeto universal de los Derechos Humanos.

En la actualidad, la aplicación de la ECEPI se canaliza a través de distintos instrumentos. En el ámbito multilateral, por ejemplo, se traduce en el desarrollo del Programa Regional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia Indígena que desde el año 2006 ejecuta UNICEF en 17 países de América Latina. Pero también cabe destacar una serie de programas financiados en el marco del Fondo España-PNUD para los ODM con acciones en Brasil para promover la seguridad alimentaria y la nutrición de los niños y niñas indígenas, o en Nicaragua, Costa Rica o Ecuador, a través de la generación de políticas interculturales y de respeto a la diversidad cultural con el objetivo de luchar contra las desigualdades.

En la convocatoria de Convenios de 2010 también se aprobaron distintas iniciativas totalmente en consonancia con la normativa internacional y la ECEPI. Destacan el “Programa Integral de Desarrollo en comunidades indígenas” que lleva a cabo Manos Unidas en Ecuador, o el programa “Ejercicio pleno de derechos y reducción de la pobreza las poblaciones indígenas y campesinas en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona” que ejecuta la ONG IEPALA.

Estas propuestas, entre otras, son, sin duda, una muestra de la voluntad de la Cooperación Española por acompañar los procesos de los pueblos indígenas en el ejercicio de su derecho a definir y determinar su propio desarrollo.

Por último, es necesario mencionar la celebración de la X Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), que tendrá lugar previsiblemente en Guatemala durante el último trimestre del año. Esta será una conmemoración especial ya que coincidirá con el XX aniversario del organismo, que se creó en 1992 como Programa Iberoamericano, mediante convenio constitutivo, durante la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Madrid. Cabe recordar que España es miembro fundador del Fondo Indígena desde sus inicios.